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Guatemala: resistencia por la vida y ante el terror de Estado

Cristina Chiquin

Miércoles 23 de abril de 2014

Las comunidades en resistencia de San Juan Sacatepéquez, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, San Rafael Las Flores y Mataquescuintla, el Parlamento Xinca, Comunidades de Monte Olivo, La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waquib´Kej y la Marcha indígena Campesina y Popular denunciaron la represión y criminalización de las que son objeto por parte del actual gobierno presidido por Otto Pérez Molina para defender intereses económicos y sociales de la oligarquía y empresas trasnacionales.

Durante esta gestión de gobierno se ha incrementado la violencia con hechos de terror, represión y criminalización contra las comunidades que se mantienen en resistencia contra megaproyectos como la minería, hidroeléctricas y cementera. A menos de dos años de gobierno que quedan, la amenaza crece para las comunidades, ya que el proyecto político , económico y social de las empresas sigue avanzando.

Las comunidades y las organizaciones denuncian que la violencia que ejerce el Estado contra el pueblo es comparada con la violencia ejercida durante la guerra. La lucha por el territorio y la vida se está llevando a cabo en todo el país, y las formas de represión son las mismas: acciones de violencia directa como asesinatos contra líderes y lideresas comunitarias, amenazas, intimidaciones y persecución. Parte de la estrategia del Estado es la criminalización de la lucha al imponer estados de sitio, persecuciones jurídicas y detenciones ilegales y también el uso de los medios de comunicación y la deslegitimación de la lucha a través de la difamación de las luchas sociales y de representantes de organizaciones sociales.

Según los datos ofrecidos por la Unidad de defensores de derechos humanos UDEFEGUA, en el año 2011 hubieron 480 ataques contra defensores de derechos humanos; mientras en 2013 fueron alrededor de 600 ataques en su mayoría contra defensores que están luchando por el territorio.

La resistencia de las comunidades

Flores en resistencia

Las 12 Comunidades de San Juan Sacatepéquez denunciaron las agresiones sufridas durante su lucha que inicio en el año 2006 contra la instalación de la empresa Cementos Progreso. Las agresiones que han vivido las comunidades van desde la persecución judicial y las amenazas hasta el asesinato y la expropiación de tierra.

La empresa pretende construir una carretera denominada Anillo Regional, en el territorio de las comunidades, que tiene como objetivo servir exclusivamente a la empresa cementera. Ante esto, las comunidades han solicitado una consulta libre e informada al Ministerio de Comunicaciones y piden al Ministerio de Ambiente información sobre el impacto ambiental que la carretera va ocasionar.

“Nosotros estamos luchando por nuestra madre Tierra pero también estamos luchando en contra de la implementación de una extensión de carretera denominada anillo regional, la cual como consecuencia tiene la expropiación de nuestro territorio, de las parcelas pequeñas de las y los habitantes de las 12 comunidades”

El 22 de Mayo del 2013 el Presidente Otto Pérez Molina, los ministros de Gobernación y Comunicaciones, junto con la empresa Cementos progreso inauguraron el proyecto en el kilómetro 38 de la carretera interamericana. Este proyecto afecta los terrenos de las y los habitantes de las 12 comunidades por lo cual rechazan su instalación ante esto la represión es cada vez más fuerte.

“No es que nosotros no querríamos un desarrollo, estamos a favor de un desarrollo pero que esté acorde a nuestras costumbres a nuestras comunidades, un desarrollo que nos lleve a vivir libremente y en armonía con la naturaleza, más no un desarrollo como el que ellos están ofreciendo que es la destrucción del territorio y la madre naturaleza”

Ante la lucha de las comunidades ha sido a favor de su territorio, se han encontrado con el desconocimiento de sus derechos por parte del Gobierno y con la violencia ejercida por las empresas a través del Estado.

“Ante esta resistencia estamos viviendo una represión muy fuerte, lo cual representa para nosotros criminalización, persecución, también ordenes de captura y diferentes tipos de violaciones a nuestros derechos, tanto individuales como colectivos… El pasado fin de semana hubieron hecho violentos en una comunidad, donde fue asesinada una persona de la que se sospecha fue por personas que laboran con la cementera.”

Por otra parte, se denunciaba la persecución de las y los lideres, de comunidades como Cruz Blanca, lo que ha hecho que no puedan vivir en sus comunidades tratando de resguardar su integridad física de sí mismos y de su familia.

“Tenemos una fuerte preocupación ante la persecución, ya que no es únicamente a los lideres, sino que a todas y todos los voceros de las 12 Comunidades. Por ejemplo, el día lunes 7 de abril se presentaron un contingente de soldados que supuestamente iban a resguardar las comunidades, sin embargo en horas de la tarde se retiraron. Estamos hablando de soldados y con esto vemos nuevamente la militarización, y esto es una fuerte preocupación para nosotros porque sabemos que estamos perseguidos por el Estado y ver a soldados en nuestro territorio representa para nosotros nuevamente la persecución”

Según la vocera de las 12 Comunidades, la represión ha aumentado por la necesidad de la empresa del uso de este nuevo proyecto vial, ya que esta necesita la carretera para poder realizar todas sus operaciones.

La Resistencia Pacífica “La Puya”

Las comunidades de San José el Golfo y San Pedro Ayampuc llevan dos años de Resistencia Racífica “La Puya” contra el proyecto minero “El Tambor Progreso VII Derivada” que es propiedad de la empresa Radius Gold y Kappes Kassiday & Asociates -KCA- con la subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala S.A EXMINGUA. Durante su lucha las mujeres y hombres que resisten ante este proyecto se han tenido que enfrentar a las amenazas, intimidaciones, persecuciones jurídicas, atentados contra su vida, y con personas que han sido contratadas por la empresa –conocidos como “los mineros”– y que en varias ocasiones han intentado romper con la resistencia.

El pasado 9 de abril nuevamente la empresa intentó romper la Resistencia al querer ingresar maquinaria bajo la protección de la Policía Nacional Civil. A pesar de que las autoridades negaron tener alguna orden de desalojo contra la gente, la actuación de la policía Nacional Civil -en especial de mujeres fue una forma de intimidación y de provocación a la Resistencia. Julio Alvarado denunciaba: “Nosotros denunciamos hoy al gobierno porque con él y con el Sistema Nacional de Dialogo hemos tenido platicas y les habíamos exigido que cumpliera en que no hubieran más incursiones policiales, cosa que volvió a pasar el pasado miércoles 9 de abril cuando nuevamente se volvió a mandar un contingente de policía alrededor de 300 policías a la resistencia “

La resistencia Pacífica de la Puya denuncia que a pesar de estar en platicas con el sistema Nacional de dialogo, el gobierno está defendiendo la seguridad y los intereses de la empresa y no los derechos de la gente. La Resistencia se caracteriza sobre todo por la permanencia y lucha de las mujeres, que son las que en diversas ocasiones han puesto su cuerpo y su vida delante de las agresiones o de las intimidaciones de la empresa.

Mataquescuintla: la minera cobra vidas

La lucha contra la minería ha cobrado en el país muchas vidas y esto es lo que denunciaron las comunidades de Mataquescuintla, quienes se ven afectados por la mina San Rafael de la empresa canadiense Tahoe Resources, proyecto minero “El Escobal”.

Al igual que en los otros casos, las comunidades han sufrido criminalización, persecución y amenazas contra su vida. La amenaza más grande es la instalación minera que se ha impuesto a pesar del rechazo de la población, manifestado en la consulta realizada el 11 de noviembre del 2012.

Mediante un estado de sitio, como en el caso de Barillas (Huehuetenango), el gobierno mostró cómo se plegaba a los intereses empresariales. En este caso no se logró mantener el estado de sitio al no haber pasado en el congreso de la República.

Armando González, comunitario comenta sobre la lucha que llevan: “Estamos llevando una lucha en contra de la actividad minera porque nos vemos afectados, vemos la escasez de agua, los bosques, nos provocan que hayan enfermedades. Estamos a escasos tres kilómetros de donde está la mina San Rafael, la lucha es por eso”

Los últimos sucesos denunciados son el asesinato de Topacio Reynoso de 16 años, joven que luchaba por la vida, coordinaba la Red de Jóvenes contra la Minería y Alex Reynoso, padre de la joven y líder comunitario, que se encuentra gravemente herido tras el ataque con arma de fuego que sufrieron ambos al salir de su vivienda en Mataquescuintla (Jalapa) el día 13 de abril.

Ante estos hechos ,se pide que se aclare el crimen y que se pueda hacer justicia, y se denuncia los constantes ataques que la población ha sufrido a manos de la empresa minera. En el pasado, el señor Alberto Rotonda ordenó que hirieran a 11 comunitarios pertenecientes a la resistencia.

Roberto González Ucelo , presidente del Parlamento pueblo Xinca y presidente de la comunidad indígena Santa María Xalapan en Jalapa, también denunció la criminalización de la cual han sido objeto por parte del gobierno y de la empresa minera de San Rafael.

“La criminalización, cuando quisieron imponer el estado de sitio y que no fue legal porque no lo aprobó el congreso, fuimos perseguidos, encarcelados varios compañeros Xincas, con órdenes de captura. Yo pasé siete meses con orden de captura, al final no fue probado nada de los delitos que me acusaban. Abiertamente lo dijo el Ministro de Gobernación: que Roberto González Úcelo era terrorista, era sicario, narcotraficante, y al final a los siete meses en audiencia me presenté y no tenían ninguna prueba y de eso salí libre por falta de mérito”

El aumento de la represión y la criminalización es debido a la ambición desmedida del gobierno y de las empresas.

“Cada día se siente más la represión, porque cada día hay muertos. Pusieron tres destacamentos en el oriente y cuando más hay presencia militar es cuando más problemas tenemos: no sólo nos intimidan si no que hay más robo, más asesinato. Entonces ¿de qué nos sirve tener el ejercito si la gente sigue muriendo?…si los asesinatos están aumentando ¿cuál es el sentido de tener al ejército?”

El 23 de abril, el Parlamento Xinca tendrá una mesa de diálogo en Jalapa, en donde se va pedir al Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla que retire el ejército, y que quite el destacamento ya que la gente rechaza su presencia.

Por otro lado la comunidad Nueve de Febrero, Monte Olivo (Cobán) , denunció que el 8 de abril fueron atacados líderes comunitarios por parte del finquero Sandino Ponce y sus guardaespaldas, quienes hirieron a 5 comunitarios, un niño y una mujer en estado de gestación. La agresión se debe a la oposición y resistencia a la instalación de una hidroeléctrica por parte de Hidro Santa Rita.

El Comité de Unidad Campesina CUC también denunció que entre el año 2000 y el año 2014, 44 personas de sus estructuras y miembros base han sido asesinadas. También denunció la criminalización y la persecución judicial de su coordinador Daniel Pascual.

La resistencia y la represión

La lucha y la resistencia son constantes, y los pueblos se enfrentan a la represión, criminalización y el uso de la difamación y calumnias, que incrementan el racismo, la polarización y el terror. El incremento de la represión va de la mano del avance de la implementación de los proyectos extractivos.Yuri Melini, de CALAS lo ve así: “El tema de fondo es que en la medida en la cual las poblaciones se hacen actores y propietarios de su destino y ejercen sus derechos y ejercen políticamente, el orden establecido, las élites, los empresarios, las trasnacionales, los políticos oportunistas se ven amenazados y como consecuencia de eso hay más organización y más participación. La población se ve en una posición emancipadora, y cuando los pueblos -Mayas, Xincas- empiezan a exigir sus derechos, la reacción de quienes ostentan el poder es agredir, criminalizar , denigrar, y hacer resurgir brotes de violencia que generen temor para que la población no participe”

A esta lucha se le suma la demanda agraria y la regulación de tierras. Esta problemática sigue desatendida y incrementa la problemática cuando el Estado favorece a las empresas trasnacionales y oligarcas y no a las demandas de la población. No sólo es la minería, también la implementación de monocultivos como la palma africana, la caña, son parte de las amenaza y vulnera los derechos humanos. Leocadio Juracan del Comité Campesino del Altiplano CCDA comentaba

“Es necesario que el Estado revise y reoriente el modelo de desarrollo que está tratando de respaldar un modelo de desarrollo que busca criminalizar, reprimir y sobre todo genera violencia y dolor, en las comunidades”

El despojo ha sido una constante en la historia del país, el modelo de desarrollo de quienes ostentan el poder se ha mantenido mediante la explotación de la población.

“Nos parece que la población indígena y campesina ha sido despojada de sus tierras y se ha sometido a la esclavitud y entonces el Estado, los empresarios y las transnacionales pretenden mantener ese estatus quo, para que la población siga siendo explotada y generar riqueza solo para un reducido grupo. Esto es lo que ha ocasionado tanta violencia, porque reprimiendo a la población que está defendiendo su territorio pretenden quedarse con sus tierras y los bienes naturales”

Sin embargo, la resistencia de las comunidades y del pueblo se mantiene firme y ante la represión se busca mantener mayor organización y de esta manera denunciar lo que sucede en el país. La defensa de la vida, del agua, de la tierra será una constante hasta que no prevalezcan los derechos de los pueblos y hasta que el proyecto político, económico y social tenga como base fundamental las necesidades del pueblo y no de la oligarquía trasnacional y nacional.


Ver en línea : Prensa Comunitaria, 16 de abril de 2014.


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