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Apoyo a la lucha de las comunidades guatemaltecas contra la empresa española Hidralia

Fuente: Diagonal

Martes 11 de febrero de 2014

Diversas organizaciones de solidaridad solicitan a la embajada de Guatemala en el Estado español prohibir las actividades de la multinacional gallega Hidralia en las comunidades de Barillas, Santa Eulalia y San Mateo de Ixtatáncontra en Guatemala. Organizaciones de solidaridad y activistas de derechos humanos llevan a cabo una consulta popular a favor de estas comunidades y contra las represas que quiere construir la transnacional.

El 29 de enero se cerró la consulta popular promovida por distintos colectivos del Estado Español en apoyo a la lucha de las comunidades de Guatemala en Barillas, Santa Eulalia y San Mateo de Ixtatáncontra contra la implantación de la empresa Gallega Hidralia en estos territorios. La campaña se clausuró con un acto en la librería Traficantes de Sueños de Madrid, donde se dieron a conocer los resultados de la misma, y con la entrega de las firmas en la Embajada de Guatemala y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Además de mostrar su apoyo a la lucha de las comunidades, los promotores de la consulta pretendían visibilizar la falta de implicación del Gobierno Español a la hora de defender la violación de los derechos humanos por parte de multinacionales españolas que operan fuera de nuestras fronteras.

Una zona rica en recursos naturales

“La región en conflicto es una de las zonas más ricas de Guatemala.Toda la franja transversal del norte fue proyectada por los militares como zona de explotación de recursos naturales pero, a partir de que la guerrilla se asienta en la región, ya no pueden llevar a cabo sus planes y eso ha generado una lucha por el territorio que ha traído muchas víctimas. Con la llegada de los Acuerdos de Paz, en el año 1996, entran a explotar estos recursos las transnacionales y estas oligarquías militares se quedan con una pequeña, en proporción, parte del botín”, explica Estuardo Álvarez, acompañante en el proceso de paz y uno de los impulsores de la consulta popular.

“El problema para las empresas transnacionales extractoras de minerales en la zona es, primero, que no hay carreteras y, segundo, que necesitan energía para la extracción, es decir, hidroeléctricas”, continúa Álvarez.

Obras paralizadas

Actualmente, las obras en la zona están paralizadas porque los pobladores hicieron un plantón que las frenó y tienen establecidos turnos de vigilancia. “El problema es que es una región con muchos afluentes de ríos, aunque en esta zona estén parados por los plantones, avanzan en otro tramo de río. Aunque es un avance lento por la organización de las comunidades se sigue avanzando, pero avanzan” asegura Estuardo.

Sobre la idea de promover en el Estado español una consulta de estas características el activista, acompañante en el proceso de paz, señala: “Decidimos apoyar a las comunidades siguiendo el ejemplo de las consultas de buena fe. Por ello, lanzamos la consulta popular en apoyo de los pueblos de Huehuetenango, para poder llevar las firmas a la embajada de Guatemala en Madrid, al Ministerio de Asuntos exteriores y a la empresa Hidralia en Galicia”.

Asumir responsabilidades

Los promotores de la consulta creen que el Estado Español debe asumir su responsabilidad en este conflicto ya que la empresa Hidralia es gallega. “No solamente son las fuerzas represivas estatales de Guatemala, también es la propia empresa la que contrata gente que extorsiona y ataca y son protegidos por el propio Estado. Es por eso, por lo que el Gobierno debe pedir explicaciones por las actuaciones de las empresas nacionales aunque estén actuando fuera de nuestras fronteras” asegura Clara Redalde, integrante de la Plataforma de Apoyo y Solidaridad con Chiapas y Guatemala en el Estado español. “Si la empresa se siente amenazada pide la protección del Estado para que éste garantice la inversión de la empresa y aquí es cuando empieza el proceso de criminalización de la protesta”, afirma Rebalde.

Ese el caso de Rubén Herrera, campesino perteneciente a la Asamblea de los pueblos de Huehuetenango, quién tras tres meses de prisión ha sido puesto en libertad pero con un proceso de investigación abierto contra él. La empresa Hidro Santa Cruz, filial de Hidralia, insiste en seguir usando estos casos como un mecanismo de terror contra quienes se oponen a sus planes.

"La sociedad civil de Barillas está siendo acosada,como quedó demostrado el 23 de enero de este mismo año, cuando el juez Luis Fernando Pérez Zamora ordenó la captura de tres líderes de la comunidad. Ante esta decisión, la respuesta de la población fue exigir su liberación inmediata. Tras cuatro horas de negociación el juez dio marcha atrás pero el proceso sigue en marcha contra los tres acusados” explica Herrera a Diagonal.

“Esta gran manifestación fue un ejemplo de la exigencia de respeto. Una vez más se hace patente el poder que tienen las movilizaciones de los pueblos. Las empresas, la oligarquía nacional y el Gobierno de turno deben aprender a respetar las consultas comunitarias de buena fe, las asambleas y todos los instrumentos que permiten a los pueblos posicionar sus demandas y exigir sus derechos”.

Representantes de la Plataforma de Apoyo y Solidaridad con Chiapas y Guatemala en el Estado español fueron los encargados de llevar las más de 1.900 firmas individuales y de 30 colectivos recogidas a la Embajada de Guatemala, donde fueron recibidos por la embajadora Carla María Rodríguez Mancía y al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde les esperaban representantes de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio y el director general para asuntos de México, Centroamérica y Caribe.

A la embajadora, además de transmitirle su preocupación por la situación en la zona, los activistas le preguntaron sobre el caso del observador de derechos humanos Jaime Temes que interpuso una demanda por amenazas por parte de trabajadores de Hidralia. Sin embargo, Rodríguez Mancía restó importancia al asunto alegando que eran amenazas verbales y que ni siquiera eran trabajadores de la empresa sino de la contrata de seguridad.

Los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores señalaron que "su obligación era proteger a las empresas españolas" y que éstascumplan sus contratos. Además, los representantes de la embajada cuestionaron la validez de las consultas populares alegando que Guatemala no había firmado el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vinculante respecto a las decisiones de los pueblos indígenas. Los representantes de Ministerio ignoran que Guatemala ratificó dicho convenio de la OIT en 1989.


Ver en línea : Diagonal, 11 de febrero de 2014.


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