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Alianzas público-privadas con Telefónica y el Santander, ¿un nuevo modelo productivo?

Pedro Ramiro y Luis Nieto

Lunes 10 de febrero de 2014

Hace tres semanas, Susana Díaz y Emilio Botín posaban sonrientes ante los fotógrafos en el Palacio de San Telmo para anunciar que el Banco Santander concederá un crédito de 500 millones de euros a la Junta de Andalucía. Unos días después, la presidenta de la Junta y César Alierta repetían escenario para promocionar la firma de un gran convenio público-privado entre la comunidad andaluza y Telefónica. Según Díaz, con ambas iniciativas se avanza hacia “un nuevo modelo productivo” y se promueve “el impulso al empleo, la innovación y el desarrollo económico”. Sin embargo, a la vista de la trayectoria y de los resultados de la expansión global de los negocios de las multinacionales españolas en la última década y media, parece lógico preguntarse: ¿son las alianzas con las grandes empresas la vía adecuada para “salir de la crisis”?, ¿qué beneficios van a recibir las mayorías sociales de todo ese “desarrollo económico”?

El pasado 15 de enero, la Junta de Andalucía y el presidente del Santander sellaban el primero de los acuerdos recientemente firmados entre la comunidad andaluza y grandes empresas españolas. Según han publicado diferentes medios de comunicación, el banco concederá un crédito a corto plazo de 500 millones de euros a la Junta y, al mismo tiempo, invertirá 1,6 millones en programas de becas en empresa e investigación médica. “No hay caridad ni concesión graciosa de nadie”, afirma el coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, quien ha calificado este préstamo de “usura”; el Banco Santander obtiene el dinero del Banco Central Europeo al 0,25% y luego se lo presta a la Junta al 4,5%.

El 20 de enero le tocó el turno a Telefónica, que rubricaba con la Junta de Andalucía el mayor convenio público-privado de España para el emprendimiento. Con este acuerdo, Telefónica se compromete a invertir 8,9 millones de euros en la comunidad andaluza en los dos próximos años, destinando esos fondos a la puesta en marcha de “centros de excelencia para el emprendimiento y el impulso de la internacionalización” y de la plataforma Open future “para que los andaluces se puedan poner en contacto con emprendedores de todo el mundo”, así como a mil becas para universitarios en el ámbito tecnológico. Y parece que en las próximas semanas, según avanza eldiario.es, están al caer acuerdos con otras grandes multinacionales como Iberdrola, Caixabank o Endesa.

Con todo ello, la apuesta de la Junta de Andalucía para “salir de la crisis” consiste en reforzar el mismo modelo económico —con las grandes corporaciones como actores principales— que, precisamente, se encuentra en el origen de la crisis social, ecológica y financiera que sufrimos en estos momentos. Conceptos ya muy manidos como crecimiento, empleo y desarrollo, junto a otros más novedosos como “innovación” y “emprendimiento”, se convierten en recurrentes para avalar un “nuevo modelo productivo” que, en realidad, no supone ningún cambio ni en las relaciones de poder ni en los patrones de generación y distribución de la riqueza.

En uno de sus textos para la convocatoria de la huelga general del 29 de marzo de 2012, Izquierda Unida decía: “Hay otra salida para la crisis y para el empleo. Se puede crear empleo pero el gobierno se niega a buscar los recursos para hacerlo aplicando medidas contra el fraude y que contribuyan a una mayor justicia fiscal. Se niega también a la reforma financiera que permita que el crédito llegue a las empresas y a las familias mediante la creación de la banca pública. Es posible llegar a un acuerdo que permita construir un modelo productivo y de desarrollo distinto al perverso que nos ha llevado a esta situación”. En el mismo sentido, José Antonio Castro, portavoz de IULV-CA, afirmaba hace unos días en el Parlamento de Andalucía que “el gobierno andaluz debe establecer un nuevo modelo productivo que genere empleo de calidad y preserve los derechos sociales de la ciudadanía para no fallar a los andaluces”. Entonces, como actual socio del gobierno andaluz, ¿avala Izquierda Unida un “nuevo modelo productivo” basado en las alianzas público-privadas con las empresas transnacionales?

Vale la pena recordar que compañías multinacionales como Santander y Telefónica son responsables, con sus prácticas cotidianas y sus estrategias de expansión internacional, de toda una serie de impactos sociales, económicos, ambientales y culturales que pueden catalogarse como violaciones de los derechos humanos. Así quedó demostrado, sin ir más lejos, en las diferentes audiencias que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) dedicó, entre 2006 y 2010, a analizar los efectos de la presencia de las multinacionales europeas en América Latina: todos estos casos, según la sentencia final del TPP, “deben ser considerados no simplemente por sus elementos de unicidad, sino como expresión de una situación caracterizada por lo sistemático de las prácticas”.

En los casos concretos de Telefónica y Santander, también se han presentado numerosos casos de denuncias contra estas multinacionales. En Perú, por ejemplo, los sindicatos de Entel han denunciado recientemente a Telefónica ante el Ministerio de Trabajo por el despido de 80 trabajadores del grupo Cobra —empresa subcontratada por la multinacional española— por alteración de contratos. Asimismo, Telefónica fue la compañía de telecomunicaciones más denunciada por quejas de los consumidores en Colombia en 2013. Y sus malas prácticas laborales en países como Chile han sido juzgadas por el TPP, que también estudió el caso de la financiación del Santander a proyectos hidroeléctricos muy agresivos socioambientalmente en Brasil. En nuestro país, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado ante la Audiencia Nacional al Banco Santander por estafa en la concesión de hipotecas: según el abogado de los demandantes, “se concedió préstamos a jóvenes, inmigrantes y otras personas de escasa solvencia económica en condiciones abusivas y con cláusulas de usura como la capitalización de intereses”. Del mismo modo, la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) presentó una demanda colectiva contra la comercialización de un producto financiero denominado valores Santander, que es calificado como “tóxico, de alto riesgo y alta competitividad”.

En plena crisis económica, con unos índices de paro en España del 26% y del 36,3% en Andalucía —así lo muestra la EPA del IV trimestre de 2013—, cuando muchas familias están pasando el invierno sin poder pagar la calefacción y una de cada cinco familias se encuentra en situación de pobreza a nivel estatal —según el Instituto Nacional de Estadística, en Andalucía la pobreza afecta al 38,6% de la población—, el presidente del Santander afirma que “las señalas son positivas” y que “hay un cambio de ciclo clarísimo”. “Es un momento fantástico porque a España le está llegando dinero para todo”, decía Emilio Botín hace unos meses, lo cual puede ser cierto si miramos únicamente a las cuentas de resultados de las grandes corporaciones: el Santander acaba de anunciar que en 2013 ganó 4.370 millones de euros, el 90% más que el año anterior.

Eso sí, si nos fijamos en cómo aumenta la brecha salarial —los altos directivos del Santander ganaron en 2010 una media de 101,9 veces más que el promedio de los ingresos de su plantilla, mientras en Telefónica los directivos ganaron 103,5 veces el salario de sus empleados ese mismo año—, si observamos que el Santander y Telefónica, como muchas otras empresas transnacionales, desarrollan sus operaciones a nivel global a través de una extensa red de sociedades situadas en distintos paraísos fiscalesel Banco Santander disponía de 72 filiales en paraísos fiscales en 2011, el doble que dos años antes— o si vemos cómo el año pasado, por primera vez, las rentas empresariales superaron a las rentas salariales, por citar solo algunos de los muchos datos que servirían para desmentir que “está llegando dinero para todo”, podemos comprobar que la realidad es bien distinta a cómo nos la presentan los grandes directivos de las multinacionales españolas. Y es por eso por lo que nos interrogamos acerca de si compañías multinacionales como Santander y Telefónica son parte de la solución o, por el contrario, son parte del problema que se vive en Andalucía y en el resto del Estado español, y si son los socios más adecuados para una administración que se dice “progresista”.

Porque lo que pueden ganar las multinacionales españolas con alianzas público-privadas de este tipo está bastante claro: el acceso a nuevos mercados potenciales que les permitan extender y ampliar sus negocios. Y es que, como comprobamos en datos de Eurostat citados por eldiario.es, “Andalucía tiene un territorio mayor que el Austria, casi la misma población que Suecia y un peso económico similar al de Portugal”. A la vez, el gobierno andaluz obtiene liquidez y se posiciona con fuerza tanto en el debate territorial como en la oposición al gobierno central. Pero, en este supuesto contexto win-win, ¿qué es lo que tiene que ganar la mayoría de la ciudadanía andaluza? ¿Qué estrategia tiene la Junta de Andalucía para “salir de la crisis”?

A estas alturas, no puede resultar extraño que el PSOE haga una apuesta decidida por aliarse con las grandes multinacionales como eje central de su “nuevo modelo productivo”; las dos legislaturas de los gobiernos de Zapatero han sido un ejemplo de cómo el Estado español ha puesto todos sus mecanismos de acción exterior, diplomacia y créditos al servicio de la marca España, es decir, de los intereses privados de un reducido grupo de empresas. Pero, a este respecto, ¿cuál es la posición de Izquierda Unida como socio de gobierno?


Pedro Ramiro y Luis Nieto, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.


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