Twitter

Vimeo >>

Cooperación S.A.

Jesús Carrión y Júlia Martí (Pueblos, nº 59, noviembre 2013)

Viernes 13 de diciembre de 2013

Las políticas públicas de cooperación internacional se están viendo transformadas debido a la confluencia de dos procesos paralelos: los recortes en los presupuestos de cooperación destinados a las ONGD, usando la excusa de la crisis económica, y el discurso de la “empresa responsable” para situar a las empresas dentro de los sistemas de la cooperación al desarrollo. De esta forma vemos como mientras el antiguo modelo de cooperación se desmorona y se estrangula al sector asociativo, que hasta ahora lo había liderado, las empresas transnacionales se consolidan como “agentes de desarrollo” y reciben cada vez más fondos públicos para llevar a cabo proyectos de “cooperación”.

Este proceso se ha producido a pesar de las numerosas críticas que genera, desde hace tiempo, la interferencia del sector privado en la cooperación. El propio Progama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) critica que “una parte importante de lo que se declara como ayuda al desarrollo no lo es, sino que vuelve a los países ricos en forma de subsidios y contratos que benefician a sus grandes empresas” [1]. Gracias a la ofensiva lanzada desde varios lobbies del capital transnacional para “dar un rostro humano al mercado global”, la empresa transnacional ha conseguido beneficiarse no sólo de algunos mecanismos como la ayuda ligada o las conversiones de deuda, sino que, además, se ha situado como el actor clave imprescindible en la promoción del desarrollo.

De esta forma se suprime cualquier visión transformadora del desarrollo, mientras que se refuerza el papel de la Inversión Extranjera Directa (IED) añadiéndole el argumentario del “capitalismo inclusivo”, “la base de la pirámide” o “las estrategias pro-poor”. La IED es considerada como motor de crecimiento y por tanto de desarrollo, sin tener en cuenta que, como afirman Romero y Ramiro [2], la riqueza que puedan generar las empresas no las convierte en agentes de desarrollo, “al menos si con la palabra desarrollo nos referimos al mantenimiento de las condiciones que harían posible vivir dignamente a la mayoría de la población”, obviando los impactos negativos que dicho flujo provoca [3].

Escondidas detrás de una cara amable, promovida, entre otras, con la estrategia de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), las grandes empresas han conseguido ampliar su mercado a través de lo que el presidente del BBVA considera “oportunidades sociales de negocio”, es decir, relaciones mutuamente provechosas entre empresas transnacionales y personas excluidas (win to win). Según esta corriente, no sólo gana la cooperación (en recursos, capacidades y provisión de bienes y servicios), sino también la empresa (en mercados y oportunidades de negocio). El cálculo para estas empresas está claro: existen 4.000 millones de personas viviendo con menos de dos dólares al día que pueden ser clientes.

Bajo el paradigma de la RSC, de la empresa responsable y de la voluntariedad, también se esconde la creación de marcos jurídicos de protección de los intereses del inversor, que hacen que los gobiernos de los países del Sur y su ciudadanía no puedan controlar ni hacer cumplir las legislaciones domésticas y que se bloquee cualquier intento de regulación internacional que obligue a las transnacionales a respetar los derechos humanos.

Partenariados público-privados

Se ha aprovechado el contexto de crisis para traspasar los fondos públicos de la cooperación al desarrollo desde los agentes especializados hacia la empresa privada. Esa transferencia de la cooperación queda recogida en el IV Plan Director de la Cooperación Española (2013- 2016), fundamentada en un modelo de “capitalismo inclusivo” articulado en torno al fomento de la Marca España, el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas y la puesta en práctica de la diplomacia económica [4].

Una forma de posibilitar la participación de las empresas privadas en la política pública de cooperación son las llamadas alianzas público-privadas (APP) para el desarrollo. En el ámbito internacional, el marco teórico para su justificación se ha construido de forma progresiva, a través de las aportaciones del PNUD, la Unión Europea, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y los diferentes planes directores que guían la cooperación.

Para la ONU, las APP se basan en “la creación de agendas comunes y la combinación de recursos, riesgos y beneficios (…) optimizando la asignación de recursos y consiguiendo resultados mutuamente beneficiosos” [5]. El Libro Verde de la Comisión Europea sobre las APP las define como el “contrato entre un inversor privado y un gobierno para proveer un servicio concreto” [6], proponiendo que los diferentes tipos de contratos existentes no deben limitarse a gestionar sólo cierto tipo de servicios, sino también a compartir los riesgos y a aportar fondos adicionales.

Los procesos de privatización de la gestión de servicios públicos, agudizados bajo la lógica neoliberal, han hecho multiplicar las APP tanto en los países del Sur como del Norte y han servido para fines tan diversos como construir carreteras, puentes, aeropuertos, metros o puertos marítimos; ofrecer servicios de abastecimiento de agua, electricidad, gas o acceso a telecomunicaciones; crear y gestionar sistemas judiciales, cárceles, hospitales, escuelas y centros deportivos. El razonamiento de base es que todo lo que se gestiona desde la esfera pública es ineficiente y que por el hecho de traspasarlo a la esfera privada se convierte en eficiente [7].

Dentro de este marco teórico, una derivada son las alianzas público-privadas para el desarrollo (APPD). La diferencia fundamental respecto de las APP es que deben generar un impacto positivo en el desarrollo, la llamada adicionalidad. De esta forma se traslada el mito de la eficiencia del sector privado también al ámbito de la cooperación para el desarrollo. Para lograr dicha adicionalidad, las APPD deben contar con la experiencia del “tercer sector” (ONGD, sindicatos, grupos ecologistas, universidades y asociaciones empresariales…). Esta colaboración ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad civil, por ser una forma de legitimar las actuaciones de empresas y gobiernos sin tener en cuenta las vulneraciones de derechos humanos y los impactos que generan sus actividades.

En el ámbito internacional, las agencias de cooperación de varios países donantes han creado organismos específicos para el desarrollo de las APPD [8]. Es el caso de la Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU (USAID), que con el programa Global Development Alliance (GDA), por cada dólar invertido por ésta se han movilizado más de 5 dólares de los actores privados; después de doce años, el GDA ha formalizado más de 1.600 alianzas con más de 3.000 socios y ha canalizado más de 19.000 millones de dólares. Algunos socios de la GDA son conocidas transnacionales, a menudo denunciadas desde la sociedad civil por sus actuaciones socialmente irresponsables, como Coca-Cola, Ikea, Microsoft, Starbucks y Nestlé, al igual que fundaciones empresariales como Ford, Gates, Kellogg, McArthur, Rotary Internacional o Soros. En estos momentos, su página web destaca la alianza con Coca-Cola, dirigida a paliar las necesidades de agua de las comunidades en países en vías de desarrollo en todo el mundo. Una alianza que choca con la denuncia reiterada por el impacto sobre los acuíferos de las comunidades cercanas a los lugares en los que implanta sus factorías.

En el Estado español se ha ido introduciendo al sector privado empresarial y a las APPD [9] desde el II Plan Director de la Cooperación Española. La APPD más conocida, (Acobamba en Perú, ejemplo de la Marca España) cuenta con un presupuesto de seis millones de euros y una duración de cuatro años (2011-2015). Está liderada por tres empresas (Telefónica, BBVA y Santillana) y cuatro ONGD (Ayuda en Acción, Ecología y Desarrollo- Ecodes, Entreculturas-Fé y Alegría y, Solidaridad Internacional).

Otro caso interesante es el del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS) en América Latina, un programa de alianzas público-públicas que se ha transformado en público- privadas [10]. El fondo fue creado en 2007 y está dotado con 1.200 millones de euros. A pesar de que el objetivo del FCAS, que depende de la AECID, era favorecer la gestión pública, integral y participativa del agua, éste ha acabado sirviendo para abrir nuevos mercados a las grandes empresas transnacionales españolas del sector que participan en los órganos asesores del Fondo. Agbar, con proyectos en Puerto Príncipe (Haití) y Cartagena de Indias (Colombia), es una de las empresas beneficiadas junto al Canal de Isabel II.

Cooperación empresarial

El Gobierno español, a través de la AECID, creó en 2011 la Unidad de Empresa y Desarrollo e incorporó, dentro de la Convocatoria Abierta y Permanente, una línea de cooperación empresarial. Esta línea, basada en los preceptos del crecimiento económico inclusivo y con el objetivo de generar tejido económico, empresarial y asociativo en los países socios, estaba dotada con tres millones de euros y se destinó a 26 entidades empresariales durante los años 2012 y 2013, lo que implica que la AECID está contraviniendo la premisa del CAD de destinar recursos de la AOD a entidades sin ánimo de lucro.

El caso más llamativo de esta convocatoria es el de Repsol YPF de Ecuador, que fue receptora de 149.900 euros para fortalecer iniciativas económicas y sociales para las comunidades influenciadas por sus operaciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana. Este caso tuvo una fuerte confrontación con el sector de la cooperación, ya que Repsol ha sido juzgada en tres sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (Viena, 2006; Lima, 2008; y Madrid, 2010) por vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos a comunidades indígenas, al impedir el derecho a una vida digna y un ambiente sano entre otros [11].

Otro caso paradigmático de esta nueva cooperación empresarial es el del Gobierno catalán. Como dice Mar Carrera, “una prueba concluyente de las intenciones de desmantelamiento de las políticas de cooperación públicas transformadoras lo tenemos al analizar el presupuesto de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), que ha pasado de 49 millones en 2010 a 9,7 millones en 2012 y ha cancelado la convocatoria a ONGD. La reducción presupuestavadas ria es del 80 por ciento” [12]. A través de la ACCD y la ACC1Ó, la Generalitat de Catalunya dispone desde hace años de una convocatoria de ayudas de apoyo a la empresa para impulsar los proyectos de las entidades catalanas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo [13]. Como en el caso español, se mantuvo durante el 2012 el presupuesto de 400.000 euros, mientras anulaba la convocatoria de dos millones de euros a las ONGD que ya habían presentado sus proyectos y dejaba a deber alrededor de 16 millones de euros al sector de convocatorias anteriores.

¿Soluciones de mercado?

Además de asistir al desmantelamiento de la cooperación al desarrollo como la política pública que conocíamos hasta ahora, se está profundizando en la privatización de la cooperación internacional desde diferentes ámbitos y con la aplicación de diferentes mecanismos, entre los que encontramos las APPD y las convocatorias para empresas. Todos estos nuevos elementos responden al fortalecimiento del sector privado, la maximización de beneficios y la búsqueda del crecimiento económico, paradigma que toma el lugar del desarrollo humano y sostenible.

En ningún caso los promotores de estos instrumentos consideran la gran dificultad, o incluso la imposibilidad, de conciliar en un mismo proyecto los intereses de rentabilidad y maximización de las ganancias en el corto plazo del sector privado, con los objetivos de reducción de la pobreza y desarrollo humano sostenible a largo plazo. Además, las APPD se piensan en clave de oportunidad de negocio para las empresas españolas en vez de para ayudar a desarrollar el propio tejido de las micro, pequeñas y medianas empresas de los países receptores de la ayuda. El sistema menosprecia la gestión pública, tratándola de ineficiente, y exporta modelos organizativos y empresariales ajenos a las realidades de destino, a pesar de que se tienen muchos ejemplos donde la actuación de la empresa privada en el sector de servicios básicos e infraestructura (agua, energía y salud) ha liquidado las empresas estatales generando impactos negativos para la población, como la exclusión por el aumento de las tarifas o la no inversión en las zonas donde no se aseguraba la rentabilidad [14].

Resulta paradójico, por tanto, que se dote de recursos económicos para solucionar los problemas de injusticia e inequidad en el mundo a uno de los principales actores responsables del problema, las transnacionales. El desarrollo humano y sostenible no se logrará simplemente promoviendo el crecimiento económico, fomentando la inversión extranjera o fortaleciendo cierto sector privado ya de por sí privilegiado. Desde la cooperación se deberían priorizar las alianzas público-públicas o público-comunitarias, fortaleciendo las economías locales, especialmente aquellas redes de pequeñas y medianas empresas que respondan a los principios de la economía social y solidaria, contando con universidades y centros de investigación públicos para desarrollar nuevas tecnologías apropiadas o para fomentar procesos de capacitación.

Tampoco se descarta que puedan existir oportunidades para las alianzas público-privadas, si se construyen desde la promoción de los derechos y los bienes comunes así como desde la no comercialización de estos. Las agencias de desarrollo deben asegurar que las APPD sólo se utilicen para favorecer las redes económicas locales en el Sur y no se desvíen para promover empresas privadas de los países donantes. En este marco, el papel de las ONGD no debe ser ayudar a consolidar el modelo de privatización de la cooperación, sino informar sobre sus peligros, monitorear su desarrollo y denunciar sus impactos, proponiendo alternativas.


Jesús Carrión Rabasco y Júlia Martí Comas, miembros del colectivo Respostes a les Empreses Transnacionals (RETS).

- Artículo publicado en el número 59 de Pueblos – Revista de Información y Debate, especial cooperación, noviembre de 2013.


Ver en línea : Pueblos, nº 59, noviembre 2013.


Notas

[1Gómez Gil C.; Gómez Olivé, D.; Tarafa, G. (2008): La ilegitimidad de los créditos FAD: Treinta años de historia, Icaria, Barcelona.

[2Romero, M. y Ramiro, P. (2012): Pobreza 2.0. Empresas, estados y ONGD ante la privatización de la cooperación al desarrollo, Icaria, Barcelona, p. 126.

[3Carrión, J.; Fernández, F.; Marco, I. (2012): ¿Favorece la Inversión Extranjera Directa (IED) el desarrollo humano sostenible?, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Barcelona.

[4Fernández, G.; Piris, S.; Ramiro, P. (2013): Cooperación internacional y movimientos sociales emancipadores: bases para un encuentro necesario, Hegoa, UPV/EHU, p. 190-191.

[5Fundación Naciones Unidas y Foro Económico Mundial (2003): Public-private partnerships: Meeting in the middle, Washington y Ginebra.

[6Comisión Europea (2004): Green Paper on public-private partnerships and community law on public contracts and concessions, 30 de abril, 327, 30.42004.

[7Casado, F. (2007): Alianzas público-privadas para el desarrollo, Fundación Carolina, Madrid.

[8Botella, C.; Fernández, J.A.; Suárez, I. (2011): Innovación y cooperación al desarrollo: Tendencias de colaboración público-privada, Fundación Carolina, Madrid.

[9Ramiro, P. y Pérez, S.M. (2011): “Sector privado y cooperación al desarrollo: Empresas, gobiernos y ONG ante las alianzas público-privadas”, Boletín de recursos de información, nº 28, Centro de Documentación de Hegoa.

[10Enginyeria sense Fronteres (2011): “En el Fondo no hay agua, sólo intereses”, Barcelona, 7 de febrero.

[11Tribunal Permanente de los Pueblos (2010): La Unión Europea y las empresas transnacionales en América Latina: Políticas, instrumentos y actores cómplices de las violaciones de los derechos de los pueblos, Transnational Institute y Red Birregional “Enlazando Alternativas”.

[12Carrera, M. (2013): “Cooperació al desenvolupament S.A.”, Anuari MÈDIA.CAT, els silencis mediàtics 2012, Barcelona, p. 99.

[13Carrión, J. (2012): El papel de la empresa privada en la ayuda oficial al desarrollo: ¿Cooperación S.A.? (I): Cooperación empresarial, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Barcelona.

[14González, I. y Fresnillo, I. (2009): Deute a Canvi d’Aigua. La trampa de les iniciatives de reducció de deute extern i els processos de privatització d’aigua a l’Àfrica subsahariana, Enginyeria Sense Fronteres y ODG; también EURODAD (2011): Public private partnerships: Fit for development?, Eurodad submission to the WP-EFF, Bruselas.


¿Quién eres?
Tu mensaje
  • Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías.


Noticias

10 empresas más grandes que 180 países

Peter Thiel, cofundador junto a Elon Musk del sistema electrónico de pagos Pay-Pal, tiene una visión muy particular de la competencia. “Es para los perdedores”, dice. La defensa que hace de los monopolios el primer gran inversor de la red (...)

Fuente: El País | 30 de septiembre

Los delitos ambientales podrán ser juzgados como crímenes contra la humanidad

Los gobiernos o individuos responsables de delitos contra el medio ambiente, el acaparamiento de tierras o la explotación ilegal de los recursos naturales podrán ser, a partir de ahora, perseguidos y juzgados por la legislación (...)

Fuente: Público | 28 de septiembre

|

Actualidad

Boletín OMAL nº87

Monográfico de recursos sobre la actividad económica de las grandes multinacionales y la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe ÍNDICE Recursos y datos económicos sobre las grandes multinacionales OMAL Recursos y datos (...)

Septiembre de 2016 | 28 de septiembre

Ecosocialismo y ecofeminismo para un otoño en resistencia

“El TTIP ha fracasado de facto”. La reciente afirmación del ministro de Economía alemán sobre las negociaciones del tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea vino seguida de una declaración de presidente francés en la misma (...)

Júlia Martí y Erika González (La Marea, 25 de septiembre de 2016) | 26 de septiembre

|