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Mercantilizando la solidaridad

Pedro Ramiro (Global, nº 8, agosto de 2013)

Jueves 29 de agosto de 2013

Ya no es posible «seguir exportando tanta solidaridad». Las «circunstancias han cambiado» y los compromisos contra la pobreza han de reorientarse «hacia nuestro territorio». Eso afirmaba en septiembre del año pasado el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Jorge Cabré, para justificar la decisión de su gobierno de poner fin a las políticas de cooperación internacional. Siguiendo una línea parecida, tanto el gobierno central como la gran mayoría de las administraciones autonómicas y municipales del Estado español eliminaron o redujeron drásticamente sus presupuestos para ayuda al desarrollo en 2012. Y las perspectivas para este año van en la misma dirección: según ha denunciado la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), a los 1.900 millones de euros que se recortaron el pasado año se le sumarán este otros 300 millones más. Con todo ello, la AOD española supone solamente el 0,2% de la renta nacional bruta, lo que nos retrotrae a niveles de principios de la década de los noventa. «Fue un error perseguir el 0,7%», ha dicho ahora el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia.

En estos tiempos de crisis financiera, reformas económicas, recortes sociales, eliminación de subvenciones públicas y “doctrina del shock”, las instituciones que nos gobiernan están aplicando en Europa las mismas políticas que se llevaron a cabo en los países periféricos en las dos últimas décadas del siglo XX. Mientras se inyectan presupuestos públicos millonarios a las empresas que durante todos estos años se han beneficiado de la falta de regulación del sistema económico, la crisis es la excusa para avanzar con más fuerza en el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la privatización de los bienes comunes y la apertura de puertas al capital transnacional para que pueda controlar cada vez más cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y la situación actual de la cooperación para el desarrollo, como no podía ser de otra manera, responde a esta lógica. De ahí que estemos asistiendo a una profunda reestructuración de la arquitectura del sistema de ayuda internacional, con vistas a reformular el papel que han de jugar, tanto en el Norte como en el Sur, los que se considera que son los principales actores sociales —grandes corporaciones, Estados, organismos internacionales y organizaciones de la “sociedad civil”— en el marco de la llamada “lucha contra la pobreza”.

En realidad, el crash global no ha hecho otra cosa que terminar de concretar un proceso, iniciado hace ya más de una década, en el que el sector privado —es decir, las empresas transnacionales— ha adquirido un papel central como “agente de desarrollo” en la agenda oficial de la cooperación internacional. El enfoque del desarrollo humano y sostenible, que durante los años noventa fue predominante en los discursos globales sobre desarrollo, ha cedido definitivamente el protagonismo al paradigma del capitalismo inclusivo, un esquema de relación triangular entre las compañías multinacionales, las instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo con el que trata de culminarse, de una vez por todas, el proceso de mercantilización de la cooperación al desarrollo. De este modo, la gran empresa, el crecimiento económico y las fuerzas del mercado se articulan como los pilares básicos sobre los que han de sustentarse las actividades socioeconómicas de cara a combatir la pobreza. En la era de la pobreza 2.0, sin embargo, no pretenden atajarse las causas estructurales que promueven las desigualdades sociales e imposibilitan una vida digna para la mayoría de la población mundial, sino que lo se busca es gestionar y rentabilizar la pobreza de acuerdo a los criterios del mercado: beneficio, rentabilidad, retorno de la inversión. [1]

«Ya es hora de que las corporaciones multinacionales miren sus estrategias de globalización a través de las nuevas gafas del capitalismo inclusivo», escribían hace diez años los gurús neoliberales que llamaban a las grandes empresas a poner sus ojos en el inmenso mercado que forman las dos terceras partes de la humanidad que están fuera de la sociedad de consumo. «Las compañías con los recursos y la persistencia para competir en la base de la pirámide económica mundial tendrán como recompensa crecimiento, beneficios y una incalculable contribución a la humanidad», decían entonces. Hoy, las corporaciones transnacionales han asumido plenamente esta doctrina empresarial y han puesto en marcha una variada gama de estrategias, actividades y técnicas que tienen como objetivo que las personas pobres que habitan en los países del Sur global se incorporen al mercado mediante el consumo de los bienes, servicios y productos de consumo que suministran estas mismas empresas. “Responsabilidad social”, negocios inclusivos en “la base de la pirámide”, “inclusión financiera”, “alfabetización tecnológica” y, en definitiva, todas aquellas vías para lograr el acceso a nuevos nichos de mercado se presentan con la justificación de que van a contribuir al “desarrollo” y la “inclusión” de las personas pobres. Pero, como ha recalcado Evo Morales en la última Cumbre Unión Europea-CELAC, «cuando nos sometemos al mercado hay problemas de pobreza; problemas económicos y sociales, y la pobreza sigue creciendo».

Al mismo tiempo, en los países centrales también están aumentando los niveles de pobreza y desigualdad. Y lejos de emplear los recursos públicos en políticas económicas y sociales que pudieran poner freno a esa situación, nuestros gobernantes no se han salido de la ortodoxia neoliberal y han emprendido toda una serie de contrarreformas que lo único que van a conseguir, al fin y al cabo, es aumentar el empobrecimiento de amplias capas de la población. «No es una crisis, es una estafa», gritan los manifestantes que protestan por la privatización de la sanidad, la educación y el agua. Y es que, efectivamente, no hay otro nombre mejor para explicar el hecho de que los grandes capitales privados estén saliendo reforzados de la crisis mientras, por el contrario, la mayoría de hombres y mujeres van perdiendo empleo, vivienda, pensiones y los derechos sociales conquistados en el último siglo. En ese sentido, la cooperación al desarrollo está teniendo el mismo destino que todos los demás servicios públicos: la privatización y la mercantilización, con graves perjuicios para quienes debieran ser sus teóricos beneficiarios.

Como política pública de solidaridad internacional, la cooperación internacional para el desarrollo aparece prácticamente como una causa perdida. El gobierno español ha hecho una apuesta decidida por lo que podría denominarse “coherencia de políticas para el crecimiento económico”: fomento de la marca España, apoyo a la internacionalización de las empresas españolas y “diplomacia económica”. En palabras del ministro García-Margallo, «los intereses de España en el exterior son en gran medida intereses económicos y tienen a las empresas como protagonistas». La cooperación, en este contexto, ya no juega tanto el papel de legitimación de la política exterior del país donante como lo venía haciendo hasta hace poco: su principal función, en estos momentos, es contribuir a asegurar y ampliar la expansión de los negocios de las grandes corporaciones por todo el planeta. Por eso, la única forma de no perder ese sentido solidario que ha presidido las actividades de muchas organizaciones españolas de cooperación internacional en las dos últimas décadas es trabajar, aquí y ahora, en la construcción de una agenda alternativa de desarrollo en la que la cooperación solidaria se entienda como una relación social y política igualitaria, articulada con las luchas y los movimientos sociales emancipadores. En eso estamos.


Pedro Ramiro es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

- Este artículo ha sido publicado en la revista Global, nº 8, 2013.

- Una versión en gallego de este artículo ha sido publicada previamente en el anuario del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI): “Pobreza e dilemas da axuda ao desenvolvemento”, IGADI Annual Report 2012-2013, pp. 39-41.


Ver en línea : Global, nº 8, agosto de 2013.


Notas

[1Hemos desarrollado ampliamente estas ideas en: Miguel Romero y Pedro Ramiro, Pobreza 2.0. Empresas, estados y ONGD ante la privatización de la cooperación al desarrollo, Icaria, Barcelona, 2012.


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