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Comentarios al primer borrador del Plan sobre Empresas y Derechos Humanos del gobierno español

Hegoa,OMAL-Paz con Dignidad, RETS, CODPI, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, ISF, ODG y VSF-Justicia AG

Martes 23 de julio de 2013

En el documento “Observaciones ante la propuesta de un Plan sobre Empresa y Derechos Humanos del gobierno español”, que diferentes organizaciones [1] presentamos el pasado 26 de junio durante la sesión de trabajo del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos que se llevó a cabo en la Casa de América, ya señalábamos algunas de las razones que desaconsejan la utilización del informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, John Ruggie, para la elaboración de dicho Plan.

Uno de los principales argumentos que sostenían la crítica al Plan era que el Marco de los Principios Rectores “proteger, respetar y remediar” carece de naturaleza vinculante, tanto para los Estados como para las empresas, y por tanto no es de exigible cumplimiento. De esta forma no se fortalece la garantía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues las empresas transnacionales, como todas las personas privadas, tienen la obligación de respetar la ley y si no lo hacen deben sufrir sanciones civiles y penales, también a escala internacional.

Manifestábamos asimismo que, a nuestro entender, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no puede neutralizar el poder político, económico y jurídico que tutelan en el ámbito global los derechos de las corporaciones transnacionales. Es la idea de la asimetría: los contratos de explotación, las normas de comercio y los acuerdos de inversiones bilaterales, regionales y multilaterales son imperativos, coercitivos y ejecutivos, frente a la RSC que es voluntaria, unilateral y carece de exigibilidad jurídica.

Igualmente, poníamos como ejemplo de las consecuencias que puede tener para la mayoría de la población el voluntarismo de las empresas transnacionales para respetar los derechos humanos las conclusiones de la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizada en Madrid en mayo de 2010, con el título “La Unión Europea y las empresas transnacionales en América Latina: políticas, instrumentos y actores cómplices de las violaciones de los derechos de los pueblos”, en la cual se juzgó simbólicamente a 27 compañías multinacionales y el tribunal constató la persistencia de las sistemáticas violaciones de los derechos fundamentales en un régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad generalizada en los comportamientos de las mismas.

En relación a las observaciones realizadas a cada uno de los pilares hicimos también algunas propuestas generales. De este modo, por ejemplo, planteábamos que la Oficina de Derechos Humanos del MAEC debería definir un proceso para elaborar y adoptar un código de conducta obligatorio para las empresas transnacionales y para establecer un organismo vinculante y operativo que haga valer los principios de verdad, justicia y reparación, así como recibir e investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las víctimas —tanto a nivel individual como colectivo— contra empresas, imponer sanciones a los responsables de estas violaciones de los derechos humanos, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los derechos medioambientales. En el mismo sentido, se incluían otras propuestas más concretas sobre el contenido del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, así como las exigencias que habrían de realizarse a los Estados, a las empresas transnacionales y a los organismos internacionales.

Tras la jornada de presentación del primer borrador del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, hemos considerado conveniente completar el posicionamiento expresado en el documento “Observaciones ante la propuesta de un Plan sobre Empresa y Derechos Humanos del gobierno español” con este otro texto que sigue, en el cual se recogen diferentes comentarios y aportaciones a las medidas propuestas en dicho Plan, así como propuestas concretas acerca de las medidas que conforman el “Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos”.

- Ver el documento completo aquí >>

Hegoa – Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
Collectiu RETS
Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI)
Ecologistas en Acción-Ekologistak Martxan-Ecologistes en Acció
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
Ingeniería sin Fronteras
Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
VSF Justicia Alimentaria Global


Notas

[1ACSUR - Las Segovias; Alba-Sud; Collectiu RETS; Comité de Solidaridad con América Latina de Asturias (COSAL); Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI); Ecologistas en Acción-Ekologistak Martxan-Ecologistes en Acció; Educació per a l’Acció Crítica; Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte; Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional; Ingeniería sin Fronteras; Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad; Observatori del Deute en la Globalització (ODG); VSF Justicia Alimentaria Global; Xarxa de Consum Solidari


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