Grandes corporaciones, mucho que ganar

En primer lugar, en la lógica win-win quienes más tienen que ganar son las grandes corporaciones, que pueden aprovechar sus relaciones con gobiernos y ONGD para extender sus actividades a nuevos nichos de negocio y expandirse al gran mercado potencial que representan los millones de personas pobres que no forman parte de la “clase consumidora global”. En este contexto, el sector privado empresarial está interesado en buscar la colaboración permanente con los otros dos vértices del triángulo del capitalismo inclusivo para, como dice Fernando Casado, «beneficiarse de la intervención pública para tener acceso a según qué mercados y poder generar un diálogo más fluido con los gobiernos receptores y las comunidades locales».

Por su parte, las instituciones públicas ofrecen a las grandes corporaciones al menos tres grandes elementos a su favor: posibilidades de financiación, cambios en el marco legal de actuación y legitimación social. Además, aliarse con las ONGD le sirve al sector privado para obtener una mayor “licencia para operar”, pero también le aporta mejores conocimientos sobre el terreno y contribuye a la cooptación de los movimientos sociales que se oponen a sus actividades. Con todo ello, las grandes corporaciones puede lograr el acceso a nuevos mercados para continuar con su ciclo de crecimiento, expansión y acumulación.

El hecho de que puedan recibirse fondos públicos para financiar intereses privados resulta paradigmático para analizar cómo está teniendo lugar un proceso de privatización de la cooperación al desarrollo, pero junto a éste hay otros dos factores que son igualmente importantes. Uno de ellos es que el Estado y los organismos internacionales pueden adecuar la legislación a favor de las empresas transnacionales. Del mismo modo, junto al hecho de recibir apoyo y fondos estatales para su expansión internacional, las empresas también pueden verse favorecidas con la adquisición de una mayor “licencia para operar”, legitimándose socialmente para seguir extendiendo sus negocios. A pesar de que la intervención de las instituciones públicas ya no es un factor de legitimación en determinados contextos, sí puede serlo en aquellos territorios en los que las corporaciones transnacionales se han encontrado con una oposición social que les ha impedido ampliar sus operaciones.