Al igual que los procesos de colonización que tuvieron lugar hace cinco siglos se describen de manera muy diferente en España y en América Latina, el desembarco de las empresas multinacionales en la región se percibe de forma distinta a uno y otro lado del océano.

Mientras, por una parte, el presidente Rodríguez Zapatero señalaba que «estas inversiones están contribuyendo de manera notable a extender la cobertura de servicios básicos a la mayoría de la población, ayudando así a mejorar la cohesión social»; por otra, una amplia mayoría de la opinión pública latinoamericana rechaza el control privado de los sectores que se consideran estratégicos para un país: tres cuartas partes de la población estiman que las empresas eléctricas, petroleras y de telefonía deberían estar en manos del Estado.

Como recogen los informes del Latinobarómetro, mientras que en 1995 el 52% de la población de América Latina afirmaba que los servicios de telefonía debían ser públicos, trece años después este porcentaje ya ascendía hasta el 71%. Es decir, que esta tendencia, en lugar de ir decreciendo con el tiempo, ha venido aumentando en los últimos años.