“Intereses españoles”

A pesar de que, si nos fijásemos en el accionariado de todas estas corporaciones transnacionales, no sería correcto técnicamente hablar de “empresas españolas”, ya que puede comprobarse que buena parte de su capital social pertenece a inversores extranjeros —en el caso de Repsol, por ejemplo, más de la mitad de sus acciones está en manos de personas y entidades radicadas fuera de España—, pensamos que sigue siendo útil caracterizarlas como “multinacionales españolas”.

¿Por qué? Pues porque sus principales dirigentes y beneficiarios se encuentran en este país, que es el lugar adonde se repatrían la mayoría de los beneficios obtenidos gracias a las operaciones en otros territorios. Y porque cuando tienen “problemas”, quien sale a defenderlas es el gobierno español; como dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a raíz de la expropiación de YPF a Repsol en Argentina, «la obligación del gobierno es defender con todos los instrumentos a su alcance los intereses españoles» es el gobierno español.

Ahora bien, una cosa es hablar de “empresas españolas” y otra, muy distinta, referirse a los “intereses españoles” para justificar la intervención gubernamental en favor de los intereses privados de una compañía transnacional. En realidad, no debería confundirse, en ningún caso, el interés general de la población y la defensa de los derechos sociales de la mayoría de la ciudadanía, con la defensa de los negocios particulares de una pequeña élite empresarial a la que solo le preocupa su propia cuenta de resultados.