Unión Fenosa tiene el monopolio de la distribución y venta de electricidad en la costa atlántica de Colombia, una región donde el 64% de la población estaba por debajo del umbral de la pobreza en 2002 y actualmente sigue permaneciendo en esta situación el 52% de los costeños y costeñas. En este contexto, la gestión del servicio público de la electricidad con criterios mercantilistas genera la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de una gran parte de la población que no tiene los recursos económicos para acceder a este servicio.

Las filiales de Unión Fenosa en la costa atlántica de Colombia, Electrocosta, Electricaribe y Energía Social, han sido denunciadas por numerosos impactos, entre ellos los siguientes:

1. Tarifa eléctrica
2. Deterioro de las redes y racionamientos

1. Tarifa eléctrica

La elevada subida de la tarifa eléctrica que impide que una parte importante de la población acceda a esta energía con un mínimo de calidad. Por ejemplo, una persona que perteneciera al 10% más empobrecido de la población y que viviera en el departamento de Atlántico, habría tenido que destinar el 52% de sus ingresos para poder pagar la factura si el operador fuese Electricaribe, mientras que si formara parte del segundo decil más desfavorecido este porcentaje sería del 28%.

2. Deterioro de las redes y racionamientos

Racionamientos y cortes de electricidad a una gran parte de la población más empobrecida que no puede pagar el recibo. Ausencia de inversión en el mantenimiento de las redes eléctricas en las periferias de las ciudades y en las zonas rurales. La mala calidad de estas infraestructuras hace que durante las tormentas se caigan postes y cables pudiendo dar lugar a graves accidentes. Además, se suceden las subidas y bajadas de tensión que rompen electrodomésticos y causan víctimas por electrocución. Las consecuencias de estos accidentes recaen en mayor medida sobre las mujeres pues son quiénes habitan más tiempos los espacios domésticos y los barrios.