La inversión extranjera directa (IED) consiste en la inversión de capital por parte de una persona natural o de una persona jurídica —instituciones y empresas públicas, empresas privadas, etc.— en un país extranjero. En el país de destino, esta entrada de capitales puede realizarse mediante la creación de nuevas plantas productivas o la participación en empresas ya establecidas para conformar una filial de la compañía inversora.

Según la OCDE, la IED tiene por objeto ejercer un control a largo plazo sobre la empresa adquirida o participada, y el criterio establecido para definirlo es que la propiedad adquirida por la sociedad matriz sea, como mínimo, del 10% de la filial.

En la actualidad, los principales agentes de la IED son las empresas transnacionales a través de las fusiones y adquisiciones transfronterizas, y no de la inversión en la construcción de nuevo tejido productivo. Y es que esas modalidades de inversión han llegado a constituir el 88% del total de la IED y consisten, en su mayoría, en fusiones de grandes empresas cuyo resultado es una cada vez mayor concentración del capital.

Los motivos que llevan a estas corporaciones a realizar inversiones en otros países son, entre otros, la obtención de recursos naturales y mano de obra de bajo coste, así como el acceso a mercados mayores o en crecimiento. En definitiva, el motor de la IED es la búsqueda de un incremento en los beneficios de la empresa.