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Hidro Santa Cruz frente a la lucha por el territorio y por la vida

Andrés Cabanas

Jueves 28 de marzo de 2013

La imagen de Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz [1], la empresa de capital español y ejecutora del proyecto Cambalam en Santa Cruz Barillas, se desmorona. La imagen o la máscara: una empresa “cercana, accesible, próxima, comprometida y dialogante”, según la autodefinición corporativa, revela en Guatemala su carácter impositivo, violento, el menosprecio de la opinión de las comunidades, sus intereses ocultos.

La historia no comienza en Barillas: el registro empresarial de Hidralia Energía, y en general de las decenas de sociedades vinculadas a Luis y David Castro Valdivia (propietarios de Hidro Santa Cruz), está plagado de irregularidades.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el Consello de Contas de Galicia documentan prácticas del grupo empresarial en el límite de lo legal o abiertamente ilegales. Organizaciones sociales y medios de comunicación visibilizan la denominada “trama energética” impulsada por Luis Castro, el “rey del kilovatio gallego”: “Sociedades extensas y opacas, empresas de recientísima creación, con nula experiencia (…), ocultamiento de personas, formación de empresas pantalla, concesiones irregulares (…), incompatibilidades, falsificación de registros, corrupción, trámites administrativos exprés, declaraciones ambientales a la medida”. [2] También imposición, cuando se manifiesta el descontento social.

La trama energética se fortalece en la impunidad a partir de alianzas estratégicas con líderes económicos, políticos y partidarios: entre otros, Antonio Fontenla, presidente de los empresarios gallegos; la familia del exalcalde de A Coruña y hasta 2011 embajador de España en el Vaticano, Francisco Vázquez (integrante del ala más conservadora del Partido Socialista Obrero Español); Manuel Fraga Iribarne, político de corte franquista, presidente del gobierno autónomo de Galicia entre 1990 y 2005; Ramón Ordás, director general de Industria, Energía y Minas de dicho gobierno en el período 1999-2005. La participación de este último es fundamental. Durante la gestión de Ordás, cuñado de Luis Castro, se produce un crecimiento exponencial de los contratos del grupo: según el periódico La Opinión, de A Coruña, Castro gestiona en 2006 por lo menos 33 empresas, muchas de ellas creadas a partir de la relación con su cuñado.

Son fundamentales los vínculos ideológicos con el Partido Popular, de carácter conservador y heredero de la dictadura franquista: Castro fue responsable de Novas Xeracións, la rama juvenil de dicha agrupación política. Este elemento ideológico (presente asimismo en la conformación del poderoso sector energético de Galicia, al que pertenece entre otros el grupo Unión Fenosa) actúa como favorecedor de la expansión económica y como rasgo de identidad: se plasma en una cultura organizativa propensa a la jerarquía y la imposición, que en Guatemala se traducirá en el uso de la violencia.

Así pinta la empresa que en la segunda mitad de la década pasada llega a Santa Cruz Barillas. Veni, vidi, vici: llega, ve y se instala, sin ningún tipo de filtro ni prevención, sin aparentes o visibles contrapesos por parte de las autoridades locales o españolas, incluida la Embajada, conocedora ya entonces de su récord empresarial. La llegada de la empresa a Guatemala tiene al menos dos lecturas, con relación a las agendas e intereses económicos: la huida hacia delante de un grupo empresarial cuestionado, y por tanto con expectativas limitadas de crecimiento en Galicia y el Estado español.

En segundo lugar, la búsqueda de la ampliación de negocios: las energías renovables (eólica, solar, mareomotriz…), definidas por el Banco Centroamericano de Integración Económica como una “enorme oportunidad”; la gestión integral del recurso hídrico, incluyendo el agua potable (agua como servicio, Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica) y la privatización vinculada a las transnacionales europeas del agua; la economía verde y el cambio climático como beneficio (acceso a financiamiento apartir del Mecanismo de Desarrollo Limpio, en el marco del Protocolo de Kioto); y por último, la multiplicación del negocio inicial: energía a partir de mini centrales.

La empresa es tanto actor principal como instrumento favorecedor de agendas empresariales globales (por ejemplo, las vinculadas a la gestión/ privatización del agua), cuya dimensión excede el proyecto Cambalam.

Esta segunda lectura justifica la presencia en Santa Cruz Barillas de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (Bankia España, Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo), que apoya con 10,7 millones de dólares (de los 30 millones de inversión estimada) el proyecto Cambalam. Justifica también la alianza de Hidralia Energía con Fundación Solar en la región de Las Verapaces (energías renovables) y el proyecto que Hidralia desarrolla en Ecuador, íntegramente de gestión del agua, replicable en Guatemala.

Los intereses en juego y la articulación a su alrededor de actores diversos permiten entender asimismo la rápida expansión de una empresa recién llegada al país y sus métodos expeditos de trabajo. Las ventanas de la inversión se abren y la empresa penetra hasta la cocina de los principales negocios y centros de poder (entre otros, la estratégica Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala), o espacios institucionales que le permiten obtener la Carta de Aprobación de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio, paso previo para acceder a la venta de bonos de carbono.

El resto es historia conocida, en términos del modo de operar de Ecoener-Hidralia energía: la empresa sortea sin pena (en español castizo, sin vergüenza) los requerimientos legales (estudios de impacto ambiental). Contrata una empresa de seguridad bajo la lógica de la represión. Ningunea la opinión de las comunidades y la municipalidad de Barillas. Se comporta con prepotencia y falta de diálogo, según la Carta Pastoral de la Diócesis de Huehuetenango. Justifica la violencia: Ricardo Arturo García López, acusado del asesinato de Andrés Francisco Miguel, dirigente comunitario, figura en un documento del Ministerio Público como jefe de seguridad de la empresa; Juan Garrido, hoy encargado del área social de Ecoener en Guatemala, es un exoficial del ejército sindicado por Naciones Unidas de participación en estructuras criminales. Todo ello con el silencio cómplice de actores interesados: la Embajada de España, actuando en este caso como Embajada S.A. Promotora de Inversiones, se muestra hierática ante las denuncias públicas.

El resto parece historia inevitable: el estado de sitio en Barillas, precedido por el asesinato de un dirigente comunitario el primero de mayo, es la consecuencia de la ideología, la identidad, los negocios y las alianzas políticas de la empresa. Se genera un entendimiento mutuo: los intereses de expansión empresarial se complementan con los intereses del sector de poder dominante (remilitarización y recorte de libertades y derechos) para construir un modelo institucional favorecedor de la acumulación empresarial agresiva.

A esta visión, a este estado de las cosas, a esta empresa de credenciales dudosas, se opone la organización y resistencia social. Frente a un modelo que ignora los reclamos de las personas, se desarrolla la apuesta comunitaria por la vida.


Andrés Cabanas forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.


Ver en línea : Pueblos, nº 54, cuarto trimestre de 2012.


Notas

[1Aparece también como Ecoener, una de las decenas de empresas vinculadas a Castro Valdivia.

[2Una extensa recopilación de irregularidades del grupo se encuentra en www.laopinioncoruna.es. Los informes del TSXG y del Consello de Contas de Galicia pueden ser solicitados aquí.


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