Resistencias

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Mientras ha ido evolucionando el rol que juegan las EMPRESAS TRANSNACIONALES en la economía global, se han venido modificando también las dinámicas de contestación social frente a las actividades de estas compañías. El movimiento obrero y las organizaciones sindicales, que históricamente han tenido un protagonismo decisivo para la consecución de toda una serie de derechos laborales y sociales, ya no son los únicos agentes que desempeñan un papel central en las reivindicaciones frente a las grandes corporaciones. Así, en muchas ocasiones, el impulso a estas nuevas formas de acción colectiva ha venido de la mano de los usuarios, consumidores, indígenas, activistas y, especialmente, de las personas más directamente afectadas por los impactos empresariales.

Los cambios que han experimentado los modelos de producción y las relaciones laborales en las últimas décadas han hecho que los conflictos generados por las empresas trasnacionales no se circunscribieran únicamente a la fábrica y al centro de trabajo. Por eso, dado que la interacción de las corporaciones con la sociedad no se limita exclusivamente al plano laboral, recientemente han comenzado a cobrar especial importancia las denuncias realizadas por las personas afectadas por los efectos ambientales, culturales y socioeconómicos provocados por las actividades de estas compañías. «La militancia contra las corporaciones aumenta porque muchos de nosotros sentimos más agudamente que nunca la red de complicidad entre las marcas que se extiende sobre el mundo, y la sentimos precisamente porque nunca hemos estado tan “marcados” como en la actualidad», resume Naomi Klein.

Orígenes de las resistencias frente a las transnacionales

Desde los inicios del capitalismo industrial, los grandes empresarios decidieron poner en marcha actividades filantrópicas para mitigar el rechazo social que comenzaba a producirse por sus niveles de explotación laboral y de acumulación de riqueza. Ya a principios del siglo pasado, magnates como Rockefeller, Ford y Carnegie popularizaron las buenas obras y crearon sus propias fundaciones empresariales dedicadas a la caridad y el asistencialismo. Y es que ya desde los años treinta del siglo pasado comenzó a extenderse la oposición a las empresas multinacionales: por ejemplo, a compañías del agronegocio como la United Fruit Company —hoy llamada Chiquita Brands—, que ha venido siendo denunciada desde entonces por el acaparamiento de tierras, las condiciones esclavistas de trabajo y por sus prácticas sistemáticas de soborno y corrupción para controlar gobiernos, especialmente en América Latina.

El primer gran hito en las dinámicas de resistencia internacional contra las EMPRESAS TRANSNACIONALES, que bien podría considerarse como el predecesor de la lucha actual contra las grandes marcas, se encuentra en la campaña de BOICOT que se llevó a cabo a finales de la década de los setenta contra Nestlé. En aquella época empezaban ya a hacerse muy notorias las críticas a las grandes empresas: Rockefeller, nieto del magnate petrolero y presidente del Chase Manhattan Bank, afirmaba entonces que «el empresariado americano está enfrentando la más severa oposición desde la década de 1930. Estamos siendo atacados por humillar a los trabajadores, engañar a los consumidores, destruir el medio ambiente y desilusionar a las generaciones jóvenes». Posteriormente, en los ochenta, se hicieron conocidos los casos de Union Carbide —hoy Dow Chemical—, empresa responsable de una emisión masiva de gases tóxicos en Bhopal (India) que dejó decenas de miles de afectados, y de las multinacionales que mantenían relaciones comerciales con el régimen sudafricano en tiempos del apartheid, entre las que se encontraban Fujitsu, IBM, Ford, General Motors, Barclays y UBS.

En los años noventa, llegó el momento de las grandes campañas globales contra las EMPRESAS TRANSNACIONALES. Tres compañías multinacionales, sobre todo, se convirtieron entonces en el blanco de las críticas: Nike, acusada de fomentar la explotación laboral y el trabajo infantil en sus fábricas del Sudeste asiático; Shell, denunciada por los impactos ambientales generados al querer hundir una plataforma petrolífera en el océano Atlántico y por permanecer impasible ante la ejecución del escritor Ken Saro-Wiwa, quien había encabezado un movimiento de protesta pacífica contra la petrolera y fue condenado a la pena de muerte y finalmente ejecutado junto con otros ocho activistas; McDonald’s, que al denunciar a dos ecologistas por difundir octavillas en las que afirmaban que la compañía explotaba a sus empleados, colaboraba con el maltrato a los animales y era la máxima representante de la “comida basura”, se vio envuelta en un proceso judicial que duró siete años y que puso de manifiesto la existencia de una censura corporativa.

A finales de esa década y ya a principios del presente siglo, las PRIVATIZACIONES de la mayoría de las empresas de SERVICIOS PÚBLICOS en los países del Sur sirvieron para poner bajo la lógica mercantil la gestión del agua, la electricidad, la telefonía, la sanidad y las pensiones, generando así graves consecuencias para gran parte de la población que, sin recursos económicos, veía cómo se hacían inalcanzables los servicios básicos para tener una vida digna. Surgieron así, hablando de las MULTINACIONALES ESPAÑOLAS, las primeras movilizaciones populares contra Unión Fenosa en Colombia, frente a Repsol en Argentina y contra Endesa en Chile. Entre las luchas sociales más conocidas de aquellos años están las que tienen que ver con el agua: mundialmente conocido ha sido el caso de la “Guerra del agua” que tuvo lugar en Cochabamba (Bolivia) en el año 2000, un proceso de resistencia y levantamiento popular que finalmente logró impedir que un consorcio encabezado por la multinacional Bechtel y la corporación española Abengoa, apoyadas por el Banco Mundial, se hiciera con la compañía local y se privatizara el servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

Frente a la mercantilización de la vida, globalización de las resistencias

Al mismo tiempo, en los países centrales se priorizaban las movilizaciones sociales contra las INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES y organismos supraestatales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el G-8. El denominado “movimiento antiglobalización” vino desarrollando acciones de denuncia de las actividades de las grandes corporaciones en el marco de los foros alternativos y las contracumbres, si bien estas campañas sobre las transnacionales no llegaron a tener el nivel de difusión y organización que alcanzaron las que señalaban a las instituciones financieras.

Por lo que se refiere al Estado español, donde ya a finales de los noventa se hacían pequeñas acciones de crítica a la presencia en la región latinoamericana de multinacionales como Endesa, no es hasta mediados de la primera década de este siglo en que comienzan a llevarse a cabo diversas campañas que señalaban directamente a EMPRESAS TRANSNACIONALES de matriz española por sus impactos socioambientales en América Latina. En 2006 arrancó la primera campaña contra una multinacional española por los efectos de sus actividades en otros territorios, la “Contrajunta de afectados/as por Repsol”: las investigaciones conjuntas, la sistematización de las denuncias y los lazos de solidaridad así creados permitieron coordinar un trabajo de movilización en los países afectados —en este caso, por la actividad extractiva de Repsol— con la sensibilización y la crítica en el propio país de origen de la transnacional. Esta misma fórmula se ha repetido en las campañas contra los bancos BBVA y Santander, que han financiado inversiones en el sector del armamento y proyectos muy destructivos social y ambientalmente, y con Unión Fenosa, que fue objeto de una campaña acerca de su “ir-responsabilidad social” en Nicaragua para denunciar los racionamientos de electricidad, la reducida extensión del servicio eléctrico por el que se mantenía casi a la mitad de la población sin energía y la mala gestión que estaba llevando a cabo la compañía en aquel país. También se han llevado a cabo acciones de denuncia contra otras empresas como Iberdrola, ENCE, Endesa, Calvo y Telefónica.

En los últimos años, ante la caída del consumo, el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles y la rebaja de las tasas de ganancia del capital transnacional en los países centrales, las grandes corporaciones han puesto en marcha una fuerte estrategia de reducción de costes y, a la vez, han intensificado su ofensiva para lograr el acceso a nuevos negocios y nichos de mercado. En este agresivo contexto, los conflictos socioambientales y las violaciones de los derechos humanos no han hecho sino multiplicarse por todo el globo, con el consiguiente crecimiento de las luchas sociales frente a estos impactos empresariales. A nivel internacional, se han llevado a cabo diferentes campañas de resistencia en los sectores del textil, hidrocarburos, minería, agricultura y finanzas. Y, en todas ellas, han logrado tejerse redes transnacionales de solidaridad que han impulsado las resistencias contra las grandes corporaciones y han elaborado propuestas para avanzar en la construcción de otros modelos de economía y de desarrollo.

A la hora de avanzar tanto en la denuncia de los abusos cometidos por las EMPRESAS TRANSNACIONALES como en los procesos de movilización y resistencias que, al fin y al cabo, permitan construir ALTERNATIVAS al dominio de las grandes corporaciones, una de las experiencias más interesantes es la que se ha venido articulando en torno al TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS. En la actualidad, se está conformando la campaña global “Desmantelemos el poder corporativo”, iniciativa que nace de una de las principales ideas-fuerza que ha dejado tras de sí el proceso de acumulación de fuerzas representado en todas estas sesiones del TPP: la propuesta para avanzar en un marco regulatorio alternativo que permita un control efectivo de las compañías multinacionales. Otra línea de actuación que, a raíz de las campañas de denuncia de las EMPRESAS TRANSNACIONALES, ha venido trabajándose es la de fomentar la presentación de demandas judiciales contra la violación de los derechos humanos, así como por la comisión de diversos delitos, que hayan sido cometidos por grandes corporaciones.

En muchas de estas campañas está presente una fuerte componente de movilización social, ya que en base a ellas se han conectado y articulado luchas populares que encuentran en las EMPRESAS TRANSNACIONALES uno de sus principales antagonistas a la hora de definir un nuevo modelo de sociedad. Otras campañas, por su parte, tienen una más acusada vertiente de denuncia e incidencia política, y se fundamentan en fomentar la sensibilización y la formación de una mayoría ciudadana que posibilite el cambio social. En todo caso, ambas opciones son, como no podía ser de otra manera, complementarias. Y solo caminando, al mismo tiempo, a través de esos dos caminos, podrán darse los pasos para construir otros modelos socioeconómicos en los que no tengan primacía los intereses empresariales sino los derechos de las mayorías sociales del planeta.

 


BIBLIOGRAFÍA:

  • DOMÍNGUEZ MARTÍN, R. (2008): “La Responsabilidad Social Global Empresarial (RSGE): el sector privado y la lucha contra la pobreza”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 76.
  • GONZÁLEZ, E. Y RAMIRO, P. (2012): “Resistir a las transnacionales. Los movimientos sociales frente a las grandes corporaciones en Europa y América Latina”, en DE LA FUENTE, M. Y HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. (eds.), Acción sindical transnacional, Hegoa, Universidad del País Vasco, Bilbao.
  • KLEIN, N. (2001): No Logo. El poder de las marcas, Paidós, Barcelona.
  • WERNER, K. Y WEISS, H. (2004): El libro negro de las marcas. El lado oscuro de las empresas globales, Debate, Barcelona.