La situación actual de los modelos de desarrollo en América Latina no se puede desligar del efecto que tuvieron los Programas de Ajuste Estructural en la década de los 90. Estos programas incluyeron el reconocimiento masivo de privilegios a las empresas transnacionales (contratos de estabilidad tributaria y exoneraciones de impuestos, entre otros), en búsqueda de la rápida integración del mercado latinoamericano en el mercado global. Se impulsó la privatización y transnacionalización y se profundizó la histórica dependencia económica de América Latina en el marco del capitalismo neoliberal.

Desde esta misma lógica de mercantilización, el neoliberalismo re-organizó los espacios nacionales, se crearon regimenes legales y políticas que facilitaban la integración en redes transnacionales de inversión, producción y comercio. En especial será la explotación de los recursos naturales la actividad que juega un papel central en este modelo y es desde este sector donde se ha impulsado un debilitamiento deliberado de la institucionalidad estatal, y unos niveles de fragmentación social y territorial sin precedentes.

En consecuencia, las reformas neoliberales y la imposición del modelo económico dictado tras el Consenso de Washington, provocó una desregulación que afectó a los sistemas de tenencia de la tierra, la normativa que rige las inversiones y el sistema impositivo [1]. Todo ello ha profundizado la deuda ecológica y cultural y ha aumentado los niveles de exclusión social de la población rural, campesina e indígena de América Latina.

En estos contextos, la resistencia de los movimientos sociales no se ha hecho esperar. Las organizaciones campesinas e indígenas se han organizado a nivel local, nacional e internacional, conformando un heterogéneo collage de estrategias de luchas y resistencias que se han extendido a lo largo del continente con diferentes grados de éxito.

¿Qué se propone desde los gobiernos "progresistas" de América Latina?

Con los antecedentes expuestos, la reconfiguración progresista que ha habido en los últimos años en América Latina ha constituido un significativo y esperanzador paso para visibilizar diferentes y “nuevas” maneras de entender y construir estrategias de desarrollo. Estas estrategias atribuyen a los movimientos sociales un rol protagónico como sujetos políticos con la capacidad para abrir caminos hacia una real transformación social con mayor justicia e inclusión social. Los mecanismos y/o políticas propuestos (desde lo teórico y programático) son:

 Implementación de ambiciosos programas sociales.
 Mejor redistribución de la renta estatal.
 Control estatal sobre los recursos naturales estratégicos de cada país.
 Industrialización para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva.
 Formalización y “constitucionalización” de los Derechos de la Naturaleza articulados con propuestas del Buen Vivir (Sumak kawsay), como alternativa al desarrollo actual.

Sin embargo, aunque entendemos estos procesos políticos, sociales y económicos como procesos en continua construcción, han pasado varios años y las propuestas, aún reconociendo tímidos avances, han encontrado enormes dificultades y difusas, ambiguas y contradictorias voluntades políticas para llevarlas adelante.

En los gobiernos “progresistas” persisten las estrategias de desarrollo con una intensa apropiación de los recursos naturales, una inserción primarizada en el mercado global y la externalización de los impactos ambientales [2]. Por tanto, los gobiernos “progresistas” no han conseguido trascender la lógica primario exportadora, lógica que les “condena” a asumir condiciones supranacionales de inserción desfavorable en el mercado global.

Para los gobiernos “progresistas”, las cuestiones ambientales se han convertido en el flanco más débil, flanco plagado de serias contradicciones. La dependencia del extractivismo ha contribuido a un crecimiento económico que se levanta sobre una montaña de pasivos ambientales y que ha multiplicado la conflictividad social hasta niveles sin precedentes. En este sentido, existe una crisis a la interna de muchos movimientos de izquierda sobre la supeditación de los distintos modelos de desarrollo. Es decir, existen actualmente varias corrientes que hacen que varias propuestas de modelos de desarrollo estén en disputa. Por ejemplo, ¿cómo es posible potenciar el agro en zonas rurales de América Latina y, al mismo tiempo, tener una indiscriminada política de concesiones mineras y petroleras en las mismas regiones?

El llamado neoextractivismo o neodesarrollismo tiene como eje principal la nacionalización de la renta conseguida en la explotación de los recursos, convirtiéndose así, en un asistencialismo trampa [3], que perpetúa crisis recurrentes y consolida mentalidades “rentistas” [4]. Todo ello, convierte a los pueblos y comunidades afectadas por los impactos sociales y ambientales, en “mártires” de un modelo de desarrollo y crecimiento económico ficticio o, cuando menos, cortoplacista.

El papel de Brasil en los modelos de desarrollo impulsados en América Latina

La primera de las decepciones en la aplicación de las reformas previstas, y deseadas por los seguidores de la nueva izquierda latinoamericana, la ejemplificó Brasil. La importancia de Brasil como nuevo referente en la definición e imposición del modelo de desarrollo en la región está especialmente ligado con la nueva reconfiguración geopolítica mundial. La nueva y multipolar correlación de fuerzas entre las potencias mundiales, impulsada por el agotamiento de la hegemonía del poder económico de Estados Unidos, ha convertido a Brasil en un actor relevante en el devenir del futuro de América Latina.

Lamentablemente, la nueva multipolaridad conformada por nuevos actores como China y Brasil no ha venido acompañada de un modelo más justo, solidario, ambientalmente sostenible y menos hegemónico. Simplemente se han reproducido modelos anteriores y se han diversificado geográficamente los polos hegemónicos de dominación capitalista.

Hoy Brasil ya ha dejado de ser un país sub-imperialista, hay multinacionales brasileñas con un nivel de acumulación de capitales muy fuerte, destacando al Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), a Petrobras y a la minera Vale Do Rio Doce. Otro proyecto que apuntala el poder de Brasil, específicamente en América Latina, es la Iniciativa de integración de la infraestructura regional de América del Sur (IIRSA). Esta iniciativa es un vasto programa de construcción y modernización de infraestructuras. Su financiación está asegurada por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el BNDES de Brasil y su objetivo es, en particular, asegurar la comunicación entre las zonas andinas y tropicales. Brasil, como primera potencia regional, desempeña en esto un papel preponderante pero no como eje articulador para promover la integración regional, sino como eje articulador para promover una intercomunicación regional que tenga al propio Brasil como principal receptor y beneficiario.

En este contexto, la interesante e incipiente apuesta de UNASUR sólo se ha convertido en un espacio de discusión y reflexión política, más que un espacio real de definir políticas de integración económica regional, porque Brasil quiere continuar y profundizar su rol hegemónico en la región.

Alternativas al modelo de desarrollo extractivista y basado en grandes infraestructuras

Las propuestas que se pueden sistematizar para que los aportes de la izquierda latinoamericana puedan salir de este bucle de asistencialismo trampa son varias:

 La izquierda latinoamericana tiene como asignatura pendiente una reflexión más profunda acerca de cómo incorporar a sus propuestas una visión ecologista inclusiva, con aportes teórico-prácticos cercanos a la ecología política y al ecofeminismo, en el que se superen, por fin, los parámetros preponderantes de modelos sociales patriarcal-capitalistas.
 Cambiar los paradigmas preestablecidos sobre nuestro rol de dominación, funcionalización e instrumentalización de la naturaleza. Para los más escépticos, o que defienden una visión más antropocéntrica, esta reflexión también tendría que ser tenida en cuenta viniendo de la mano de políticas que luchan frente al cambio climático, la insostenibilidad de mantener la actual matriz energética y de políticas de decrecimiento reales.
 No sumarse a la “moda” en la firma de acuerdos comerciales supranacionales con cláusulas como las de lucro cesante que, en el mejor de los casos, hace una entrega incondicional al sector privado y al tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, de sectores económicos estratégicos y por tanto del futuro económico y la soberanía de determinados Estados.
 Las propuestas de industrialización orientada al mercado interno de algunos países no deben sustituir los debates y preocupaciones cercanas a la protección ambiental y al impacto de estas políticas en el calentamiento global.
 Asumir, cuantificar y contabilizar los costos sociales y ambientales a medio y largo plazo, no como una puerta de entrada a las políticas de pago por servicios ambientales sino como indicador real de la rentabilidad y contabilidad del “negocio extractivista”.

Más allá del modelo de desarrollo que prevalezca, lo que si es interesante rescatar, y seguir impulsando, es una mejor y mayor participación de las poblaciones locales. Este esfuerzo, que proviene principalmente de la idea de construir una sociedad más inclusiva, democrática y descentralizada, debería utilizarse de manera deliberada o implícita, tal y como comentábamos anteriormente, para que el conjunto de la ciudadanía conozca y/o se apropie de determinados valores asociados al rol “no funcional” de los ecosistemas, los recursos naturales y el medio ambiente.

La lógica neodesarrollista no ha eliminado el rol de la empresa privada transnacional en la gestión de los recursos estratégicos de los países, pero sí se puede decir que lo ha invisibilizado. Sin embargo, al contrario de ser un aspecto positivo, éste se vuelve más peligroso, ya que el sector privado ha desplegado estrategias encubiertas de infiltración y captura de espacios e instituciones públicas, tanto a nivel nacional como subnacional. Ante lo cuál, el análisis que califica a las multinacionales como socias pierde sentido y se pone de manifiesto la necesidad de articular una relación de control público fuerte sobre estas empresas en sus actividades.

Por todo lo expuesto anteriormente, el “buen vivir”, entendido como una nueva filosofía de vida aún no se ha convertido en algo más que una utópica declaración constitucional (haciendo referencia a las Nuevas Constituciones Políticas de Ecuador y Bolivia). La viabilidad de las propuestas relacionadas con el “buen vivir” depende exclusivamente de la capacidad de adaptación de la sociedad civil no-indígena a una nueva forma de vida, y la capacidad de apropiación que la sociedad mestiza tenga de una serie de derechos, y garantías sociales, económicas y ambientales.

El “buen vivir” abre la puerta para construir un proyecto que se posicione como aporte indispensable en la construcción de una sociedad sustentada en la solidaridad entre seres humanos y la relación armónica con la naturaleza.

Miguel Castro es Coordinador de Programa de Minería de ACSUR-Las Segovias en Bolivia.

El presente artículo fue el ensayo final del curso online Repensar el desarrollo: Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales impulsado por OMAL y que se desarrolló del 16 de abril al 11 de mayo de 2012 para alumnado de Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Colombia.

Otras referencias bibliográficas utilizadas:

 Anthony Bebbington, “Nuevas políticas extractivas en América Latina: La paradoja de la riqueza: ¿cómo traducir rentas extractivas en desarrollo territorial” en Fundación Tierra, Bolivia Post-Constituyente: Tierra, territorio y autonomías indígenas, La Paz, Memoria Seminario Internacional, 26-28 octubre de 2009.
 Anthony Bebbington, La globalización de la gobernanza ambiental: relación de escala en los movimientos socio ambientales y sus implicaciones para la gobernanza ambiental en zonas mineras en el Perú y el Ecuador, Univ. Manchester/Global Greengrants/CEPES/Oxfam, 2007.
 Eduardo Gudynas, El Nuevo Extractivismo del Siglo XXI: Diez tesis urgentes sobre el extractivismo bajo el progresismo sudamericano actual, Washington DC, IRC, Programa Américas, 2009.
 Eduardo Gudynas, “Buen Vivir: Germinando alternativas al desarrollo”, América Latina en movimiento, nº 462.
 Eduardo Gudynas, “Desarrollo, Derechos de la Naturaleza y Buen Vivir después de Montecristi”, Gabriela Weber (ed.) Debates sobre cooperación y modelos de desarrollo. Perspectivas desde la sociedad civil en el Ecuador. Centro de Investigaciones CIUDAD y Observatorio de la Cooperación al Desarrollo.
 Miguel Castro, y Antonio R. Carmona, “La resistencia de los movimientos sociales frente a los impactos mineros en la región andina” Revista Hacia El Sur nº37, 2011.
 Sociedad Civil Peruana, Alternativas al Extractivismo: Por un nuevo acuerdo de gobernabilidad social, ambiental y económica frente a las industrias extractivas y las grandes inversiones, Lima, Red de organizaciones de la sociedad civil peruana, 2011.
 Pablo Villegas, “La minería transfronteriza, a través de los límites entre el Neoliberalismo y el Socialismo del Siglo XXI”, PetroPress nº 16, 2009.
 Pablo Villegas, “El rol central de la IIRSA en el modelo de desarrollo vigente en Bolivia”, PetroPress nº 18, 2009.