La violación de los derechos colectivos alude al quebrantamiento de todo el conjunto de derechos que son catalogados como derechos de los pueblos a su identidad como grupo, diferenciándolos de los derechos individuales propios de la tradición liberal. El derecho de autodeterminación fue considerado el más importante de ellos, desde su reivindicación expresa en el contexto del fin de la I Guerra Mundial. Posteriormente, las denuncias sistemáticas desde la segunda mitad del siglo XX, por parte de países del Sur contra las violaciones al derecho al desarrollo, la soberanía y a los PUEBLOS INDÍGENAS, han situado a todos ellos en un primer plano de la agenda internacional de derechos humanos.

La tradición liberal dominante en el ámbito del derecho restringió, durante gran parte de la historia moderna, el ámbito de los derechos humanos a los derechos del individuo, obviando en un primer momento los derechos colectivos y considerándolos, posteriormente, como derechos de segundo orden. Sin embargo, la lucha de los pueblos por la defensa de sus derechos colectivos frente a las múltiples violaciones provocadas por diversos agentes –estados, multinacionales, etc.— les ha otorgado una relevancia cada vez mayor.

A lo largo del siglo XX se han aprobado diferentes instrumentos jurídicos para intentar enfrentar las violaciones de los derechos colectivos. El derecho de autodeterminación de los pueblos fue recogido en los 14 puntos de Wilson para acabar con la I Guerra Mundial y posteriormente la Carta de NACIONES UNIDAS de 1945 lo recogió expresamente. El derecho al desarrollo adquiere importancia en la década de los años setenta del siglo pasado y, en 1986, la asamblea general de la ONU aprueba la declaración sobre el derecho al desarrollo. El reconocimiento internacional de los derechos de los PUEBLOS INDÍGENAS es mucho más reciente, ya que no será hasta el año 2007 cuando NACIONES UNIDAS apruebe una declaración de protección.

Si nos circunscribimos a los derechos de los PUEBLOS INDÍGENAS y al derecho al desarrollo y a la soberanía, los principales violadores a nivel internacional han sido los estados del Norte y sus empresas multinacionales, sin obviar la responsabilidad de los propios gobiernos y corporaciones del Sur. Las transnacionales se han convertido en un agente cada vez más relevante en materia de violación de derechos colectivos, debido a su rol dominante en el marco del actual capitalismo corporativo. Las grandes firmas industriales, comerciales, farmacéuticas y petroleras, entre otras, son permanentemente acusadas de violar los derechos humanos en numerosos países donde operan.

Transnacionales y derechos colectivos

Las violaciones a la soberanía nacional por parte de las empresas multinacionales han sido una constante, fundamentalmente en los países del Sur, donde la debilidad de los estados es más manifiesta. Empresas con cifras de negocio superiores, en algunos casos, al PIB de los países de la periferia capitalista se han servido de su poder económico para influir e incluso determinar la agenda política de gobiernos de países empobrecidos. El apoyo recibido por parte de los poderes políticos de sus estados de origen ha facilitado aún más la injerencia y el deterioro de los niveles de soberanía nacional de los países del Sur.

Son innumerables los ejemplos de corporaciones transnacionales que tienen línea directa con los poderes ejecutivos y les plantean exigencias y beneficios de orden arancelario, tributario, etc. En algunos casos, logran tener representantes directos en ministerios estratégicos como los de Economía, Hacienda, Comercio, Industria o Defensa. Paralelamente, es significativo el papel de las embajadas a la hora de presionar a los gobiernos de turno para que actúen en función de los intereses empresariales. En algunos casos, la violación de la soberanía nacional llega al extremo de apoyar golpes de Estado, como ocurrió en el año 2002 en Venezuela, para defender los intereses de las multinacionales petroleras.

Las violaciones al derecho al desarrollo de los pueblos y países del Sur por parte de las grandes corporaciones se han convertido en una realidad estructural, como parte de la estrategia de subordinación diseñada por los centros de poder económico de los países centrales. La premisa de que el desarrollo del Norte se sustenta en el “subdesarrollo” del Sur guía la actuación de las multinacionales y les permite obtener notables ganancias.

La persistencia de la DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, como eje central de la economía-mundo capitalista, es probablemente el indicador más relevante del objetivo estratégico de los estados y corporaciones del Norte para impedir el desarrollo de los países del Sur. La presencia de transnacionales que orientan las economías periféricas a la extracción de materias primas, intentando bloquear su desarrollo industrial, es uno de los datos más evidentes. El caso latinoamericano es un buen ejemplo de ello, ya que las firmas foráneas continúan apostando por mantener el modelo primario-exportador —minerales, hidrocarburos, etc.— para de esta manera impedir el desarrollo de la región. Un ejemplo, en esta línea, lo constituyen las transnacionales petroleras en Bolivia ya que, a pesar de existir una situación de desabastecimiento crónico de gas y petróleo para la mayor parte de la población, empresas como Repsol y Petrobras exportan prácticamente toda su producción de hidrocarburos a Brasil y a Argentina.

Las violaciones a los derechos de los PUEBLOS INDÍGENAS han sido permanentes desde hace más de cinco siglos, con la ocupación, genocidio y sometimiento de los pueblos originarios por parte de las potencias europeas y sus grupos empresariales. Sin embargo, no ha sido hasta hace unos pocos años —a finales del siglo XX— cuando las denuncias han comenzado a adquirir dimensión internacional. Las diversas violaciones se pueden agrupar en tres campos: a sus formas de organización política (autogobierno, justicia indígena), a su territorialidad (recursos naturales, propiedad, consulta) y a su identidad cultural (sistema educativo, idioma, medicina ancestral, etc.). Existen numerosos ejemplos de violaciones sufridas por los pueblos originarios que habitan Abya Yala: apropiación de sus tierras y desplazamientos debido a la construcción de proyectos energéticos —campos de extracción petrolífera, centrales hidroeléctricas...—, amenazas por parte de grupos armados financiados por transnacionales en países como Colombia y México, etc. En ellas han estado involucradas transnacionales españolas, como es el caso de Repsol, Endesa y Gas Natural Fenosa, entre otras.

A pesar de la amplitud y gravedad de las violaciones a los derechos colectivos citados, la respuesta por parte de las instancias judiciales tanto a nivel nacional como internacional es muy débil, por eso en los últimos años han surgido iniciativas de carácter popular para juzgar simbólicamente a las multinacionales, como es el caso del TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS.