OCDE y OIT

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dos organismos internacionales, han venido desarrollando desde los años setenta una serie de códigos externos para las EMPRESAS TRANSNACIONALES. Estos se materializaron por primera vez en las Líneas Directrices de la OCDE para EMPRESAS TRANSNACIONALES, aprobadas por primera vez en 1976, y en la Declaración Tripartita de Principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, aprobada en 1977. Ambos códigos no resultan de gran eficacia, pues la primera se caracteriza por la voluntariedad y la segunda, aunque es tripartita —involucra a gobiernos, empresas y sindicatos— no tiene mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento.

Líneas Directrices de la OCDE

Las Líneas Directrices de la OCDE para EMPRESAS TRANSNACIONALES son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las multinacionales para que tengan una conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables. El cumplimiento de estas directrices por parte de las empresas no tiene carácter obligatorio y se invita a las empresas a que las respeten, además de en su país de origen, en todos aquellos países donde desarrollen sus operaciones.

Los países que han suscrito las Líneas Directrices han establecido Puntos Nacionales de Contacto (PNC) para llevar a cabo actividades de promoción y difusión de las mismas, así como ocuparse de ser la instancia específica en la que los sindicatos, organizaciones sociales o colectivos afectados pueden presentar sus requerimientos contra empresas que no respeten estas directrices. Por tanto, la función del PNC no es la de juzgar a la empresa; su función es contribuir a la resolución de dichos requerimientos en relación con la aplicación de las directrices a través de medios consensuales y no contenciosos como la conciliación o la mediación, siempre que las partes den su consentimiento. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, el PNC emite un comunicado y formula, en su caso, recomendaciones acerca de la aplicación de las directrices.

Hay redes y organizaciones de la sociedad civil, como el OECD-Watch y la Red Birregional Europa, América Latina y Caribe “Enlazando Alternativas”, que no ven operativas las Líneas Directrices por distintas razones como las que siguen.

En el caso español, el PNC depende del ministerio de Economía y Competitividad, en el área de Inversiones Exteriores, estando así vinculado a una área gubernamental encargada de la promoción exterior de empresas españolas y, por tanto, con una manifiesta pérdida de objetividad que dispensará un trato desigual e injusto a las partes afectadas que presenten denuncias. Asimismo, los PNC están dotados de muy pocos recursos porque hay una escasa voluntad política de los gobiernos para que tengan capacidad organizativa y operativa. Es por esto que no pueden confirmar las pruebas aportadas por los denunciantes, recayendo el peso de la prueba sobre las propias organizaciones que presentan las denuncias —sindicatos, ONGD u otros colectivos sociales—, mientras que la administración mantiene una falsa y cómplice neutralidad. Estos dos primeros puntos influyen de manera decisiva en el hecho de que no se haya presentado ningún caso en el PNC español.

Igualmente, los PNC dejan fuera de las denuncias los casos en los que no haya nexo de inversión y sólo se dé una relación comercial, cuestión muy difícil de diferenciar cuando nos referimos a filiales, proveedores y subcontratistas. La concurrencia con procedimientos legales paralelos es suficiente para rechazar el caso. Las declaraciones suelen ser poco claras, genéricas, infundadas y no permiten discernir si la actuación de la empresa ha sido acorde o no con las directrices. La mayoría de las resoluciones de los PNC se niegan a reconocer la violación de las Líneas Directrices por parte de las transnacionales y recogen una mirada hacia el futuro para mejorar situaciones concretas.

Hay una nula participación activa de las empresas: muy pocas corporaciones manifestaron algún interés por participar en el diálogo ofrecido por los PNC y éstos no ejercen ninguna presión al respecto. Así, las directrices no tienen un mecanismo que genere el más mínimo problema a las transnacionales. Además, los PNC de los diferentes países tienen criterios dispares a la hora de aceptar y rechazar casos y en como tratar los conflictos. Y la confidencialidad se extiende a todas las etapas del procedimiento de reclamación, llegándose a no incluir el nombre de las empresas demandadas en los informes anuales de los PNC, de forma que se protegen claramente los intereses de las compañías demandadas.

Además de todas las cuestiones aquí relacionadas, es importante destacar que los PNC nunca sancionan ni castigan a la empresa, y menos aún les obliga a remediar y restituir a las partes afectadas, quedando totalmente desprotegidas las víctimas e impunes las empresas vulneradoras.

Declaración Tripartita de la OIT

La Declaración Tripartita de la OIT se compone de una serie de principios que se traducen en recomendaciones voluntarias a los gobiernos, empresarios y trabajadores y a las propias EMPRESAS TRANSNACIONALES, aunque en principio son promovidos por instrumentos adoptados por los gobiernos en cooperación con sindicatos y empresarios. Su carácter tripartito se debe al hecho que en la OIT participan tanto representantes de gobiernos como organizaciones de empresarios y trabajadores.

La declaración se basa en la idea de la EMPRESA TRANSNACIONAL como actor de desarrollo y progreso y en la necesidad de minimizar los impactos negativos que esta pueda provocar. En este sentido se hace una relación de recomendaciones ligadas a la promoción de empleo, la igualdad de oportunidades y de trato, la seguridad del empleo, la formación, los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo, la edad mínima de trabajo, la seguridad e higiene, las relaciones de trabajo, la libertad sindical y la negociación colectiva.

En esta relación de recomendaciones y principios básicos se olvida una definición esencial, que es la cadena de responsabilidades en la actividad de las EMPRESAS TRANSNACIONALES, eliminando cualquier tipo de responsabilidad de la casa matriz respecto a filiales, proveedores y contratistas. Junto a la ausencia de referencias a otros aspectos como la soberanía nacional sobre los recursos de los países en los que las EMPRESAS TRANSNACIONALES invierten y el impacto ambiental de las actividades de estas compañías.

Por último, la declaración contiene un problema fundamental en su aplicación: de entrada sólo contempla tres sistemas de seguimiento —las encuestas en formato tripartito, el procedimiento de interpretación y las actividades de promoción—, omitiendo cualquier posibilidad de denunciar directamente a empresas concretas que la estén vulnerando. Además, su carácter voluntario aumenta su ineficacia y denota una cierta indiferencia en su vigilancia y control.

 


BIBLIOGRAFÍA:

  • CARRIÓN, J. Y MARTÍNEZ, A. (2005): La Responsabilidad Social Corporativa. ¿Ética o est-ética?, Observatorio de la Deuda en la Globalización, Barcelona.
  • FEENEY, P. (2005): Five years on. A review of the OECD Guidelines and Nacional Contact Points, Right & Accountability in Development, OECD-Watch y SOMO, Amsterdam.
  • HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. (2009): Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos. Historia de una asimetría normativa, Hegoa y OMAL, Bilbao.
  • OCDE (1976): Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales, revisadas por última vez en 2011.
  • OIT (2002): Guía para la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social. Conocer y utilizar directrices universales para la Responsabilidad Social, Programa de Empresas Multinacionales, Ginebra.