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La presencia de Hidro Santa Cruz en Barillas (Guatemala): Una historia de imposición y violencia

Informe de las misiones de verificación internacional del Instituto Hegoa

Lunes 3 de diciembre de 2012

Este documento es fruto de dos Misiones de Verificación Internacional realizadas en los meses de octubre y noviembre por Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional/Universidad del País Vasco. Ha sido complementado a partir de entrevistas, memoriales de organizaciones y medios de comunicación. Este documento forma parte de las acciones de Instituto Hegoa en Guatemala, encaminadas a apoyar, desde el ámbito de la investigación, el análisis y la comunicación, las luchas de las organizaciones sociales con las que trabajamos para defender y fortalecer los derechos de opinión, movilización, acción social y libre decisión.

- Leer el informe completo pinchando aquí >>


A continuación se presenta un extracto del mismo:

Ocupación sin consentimiento

A finales de 2008, la población que vive en las riberas del río Q´an B´alam nota la presencia de personas que no son vecinas del municipio y que realizan mediciones de los caudales del río y de los terrenos ubicados en la comunidad Poza Verde.

En ese momento se establece en Barillas la empresa española Econer-Hidralia, que se reconvierte en Hidro Santa Cruz, para poner en marcha el proyecto que denominan Cambalam, una hidroeléctrica a filo de agua con capacidad de generar 4.9 megavatios en cada una de sus fases (dos hasta el momento).

Este proyecto se instala en un área utilizada tradicionalmente como centro de recreación y como centro ceremonial, limitando el uso doméstico y agrícola del agua y alterando un entorno ya frágil de por sí por la cercanía de la cabecera municipal.

Las comunidades afectadas por el mencionado proyecto no son consultadas, como establece la ley y los Convenios Internacionales (Convenio 169 y otros). La empresa se ampara en que es la propietaria legal de los terrenos y tiene por tanto derecho a construir y hacer actividades en su propiedad. Ignora así la voluntad expresada por la población y también la autoridad de la Municipalidad.

Imposición, mentiras, amenazas, violencia e ilegalidad

En julio de 2009, líderes y lideresas comunitarias informan a las autoridades municipales que personas desconocidas continúan con las mediciones de caudales y terrenos, así como destrozo de cultivos. La empresa reacciona calificando la solicitud de los comunitarios como coacción, intimidación y detención ilegal, presentando al Ministerio Público de Santa Eulalia denuncias en contra de siete líderes (uno de ellos, Pablo Antonio Pablo, resulta herido en el atentado del primero de mayo de 2012). A la fecha, la empresa mantiene la denuncia contra uno de estos líderes.

Progresivamente, las dirigencias comunitarias reportan amenazas directas o por vía celular contra las personas opuestas al proyecto. Estas amenazas son efectuadas por personal de la empresa, según consta en una denuncia documentada por la Unidad de Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA, en 2010. Para desarrollar su proyecto, la empresa no duda en contratar a ex militares como encargados del área de promoción social. A algunos de ellos se les sindica de amenazar a la población, caso de Norman Villatoro y actualmente el ex capitán Juan Garrido.

Al tiempo, forma una base de apoyo formada por prestatarios de sus servicios (alimentación, alquiler de maquinaria, servicio de hospedaje, personal empleado) fundamentalmente en el área urbana, generando un ambiente de división y enfrentamiento en la comunidad, con lógicas de racismo (enfrentamiento área urbana-comunidades indígenas).

En 2011 la empresa contrata seguridad privada con lo que la zozobra, la inseguridad y la confrontación van en aumento, hasta que la población se ve obligada a llevar a cabo diferentes tipos de protesta frente a la empresa. Son rutinarios los disparos al aire y la agresión sexual verbal a las mujeres. Continúa además la intimidación vía celular a los dirigentes y las personas opositoras al proyecto.

Al presentar el proyecto en diferentes reuniones, la empresa solamente menciona las presuntas ventajas del mismo (luz para todos, desarrollo en sentido abstracto) no los efectos ni otros intereses de fondo.

En todo momento, los personeros de la empresa, especialmente su propietario Luis Castro Valdivia, actúan con prepotencia, arrogancia y autoritarismo, actitudes detectadas y reconocidas por la Iglesia Católica de Huehuetenango. Acusan a las comunidades, de oponerse al desarrollo, calificativos que reproducen pensamientos racistas y parten de visiones de superioridad.

En la medida en que las personas desconfían de los ofrecimientos, la empresa incrementa la presión y la violencia sobre las comunidades.

Primero de mayo: la implantación del estado de sitio

En este contexto, el primero de mayo de 2012, cuando se inicia la feria titular del municipio, don Andrés Francisco Miguel, don Pablo Antonio Pablo y don Esteban Bernabé son emboscados a la salida de la cabecera municipal hacia sus comunidades. Les disparan y don Andrés Francisco cae muerto, resultando heridos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Gaspar. Pablo Antonio es uno de los líderes opuestos a la venta de tierras, a pesar de las presiones recibidas por parte de la empresa. Dado el ambiente de tensión existente, gran parte de la población interpreta esta ejecución como un paso más en las estrategias intimidatorias de la empresa.

El asesinato del líder comunitario exacerba los ánimos y produce una respuesta de indignación. Como consecuencia, cinco mil personas van a buscar a los miembros de la seguridad de la empresa y, al no hallarlos, acuden al destacamento militar donde se rumorea que se esconden. A partir de ahí, se desarrollaron los hechos públicamente conocidos. La participación de la empresa se confirma el 26 de mayo, cuando dos trabajadores Hidro Santa Cruz son capturados, acusados del asesinato y los atentados: uno de los capturados es jefe de seguridad: el otro es contratado por el exmilitar Juan Garrido, encargado del área de promoción social de la empresa y principal operador de la misma.

El primero de mayo, el gobierno decreta el Estado de Sitio y envía 400 policías y 500 militares a Barillas. El dos y tres de mayo se producen al menos catorce capturas (diez personas guardan todavía prisión), se conocen 23 órdenes de captura (se amplían posteriormente a 33) y comienza a circular una lista con más de 100 nombres de personas “sospechosas”.

Se criminaliza la protesta social, acusando a las personas que se oponen a Hidro Santa Cruz de formar parte de estructuras delictivas criminales. La suspensión de las garantías constitucionales genera en Santa Cruz Barillas un estado de terror. Se vuelve preocupante la situación de las mujeres, dados los abusos cometidos contra sus vidas y cuerpos por parte de las fuerzas de seguridad.

En Santa Cruz Barillas se repite una práctica histórica: cuando la población organizada se opone a proyectos lesivos, se responde usando la fuerza y torciendo la ley de forma reiterada e impune por parte de las empresas. Y cuando se da una reacción por parte de la población, las autoridades se olvidan de estos antecedentes y se les acusa y criminaliza como “maleantes”, utilizando además toda la fuerza pública y de la ley. Así pasó en Livingston en 2008, en San Juan Sacatepéquez en 2009, en el Polochic en 2011, en Regadíos, Cunen a inicios de 2012.

En muchas comunidades de Guatemala se dan situaciones de tensión y se incrementa la conflictividad ante la presencia de empresas que imponen sus intereses impunemente, sin tener en cuenta la voluntad de la población de los lugares.

El recurso al Estado de Sitio no asegura que se resuelvan las causas que llevaron al hecho conflictivo, lo mismo que la presencia de brigadas militares en las áreas en pugna con los intereses comunitarios sólo asegura la “paz” de los fusiles. Los cateos, las listas negras y las detenciones arbitrarias recuerdan a los peores momentos del Estado contrainsurgente que debería haber desaparecido con la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996.


Ver en línea : Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco


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