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Cooperación y movimientos sociales: perspectivas poco favorables

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate

Lunes 30 de enero de 2012

El presente artículo se inserta en el trabajo del Grupo de Investigación de Movimientos Sociales del Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que tiene como objetivo la propuesta de una Agenda Alternativa de Cooperación vinculada a los Movimientos Sociales Emancipadores. Partiendo de la premisa de la relevancia de los movimientos sociales como sujetos de emancipación, se están dando los primeros pasos en un itinerario de
investigación que pretende: definir un marco teórico que identifique las características que potencian la capacidad
emancipadora de los movimientos sociales; analizar críticamente las lógicas, parámetros e hitos que marcan la cooperación para el desarrollo presente y futura; analizar en profundidad la relación actual entre cooperación para el desarrollo y movimientos sociales, y, finalmente, establecer y generar parámetros alternativos para una nueva
agenda que incida específicamente en fortalecer las capacidades emancipadoras de los movimientos sociales. Este
texto es un insumo inicial a todo este proceso.

Los movimientos sociales no sólo
se han consolidado como actores
políticos significativos en todos
los ámbitos -local, estatal, regional,
global- sino que son además sujetos
estratégicos de todo proceso de cambio
social. Así, frente a la crisis civilizatoria
en la que nos encontramos,
donde la modernidad capitalista y
sus agentes están en entredicho (crisis
del capitalismo, de la democracia
representativa, del Estado-nación, de
la idea de progreso), consideramos
que son fundamentalmente [1] los movimientos
sociales los agentes que están
proponiendo nuevos imaginarios y
marcos interpretativos para entender
y cambiar el mundo, en base a agendas
diversas y amplias; que son sujetos
con capacidad para movilizar a la
ciudadanía, prefigurando y aplicando
nuevas formas de democracia participativa;
que son entidades que toman
parte activa en todas las arenas políticas
locales y globales, sin rehuir el
conflicto y la confrontación a las que
está abocado todo cambio significativo
como el que plantean; que son, en
definitiva, sujetos clave para transitar
hacia sociedades participativas, diversas,
igualitarias y equilibradas.

Es precisamente la constatación
de la estrecha relación entre cambio social y movimientos sociales la que
hace difícil entender el profundo desencuentro
que sufren en la actualidad
movimientos sociales y cooperación
para el desarrollo. Si la cooperación
al desarrollo es una política pública
internacional que pretende fomentar el desarrollo humano, erradicar la
pobreza estructural, avanzar, en definitiva, en términos de transformación
hacia escenarios de mayor justicia y
equidad, parece extraño que los movimientos
sociales no sean un actor
prioritario de dicha política. Las razones
de este desencuentro pueden ser
múltiples y van a ser estudiadas en
profundidad en el proceso de investigación.
Más que centrarnos en ellas,
lo que defendemos en este artículo
es que las tendencias actuales en la
cooperación para el desarrollo hacen
aún más compleja esta relación. Así,
parece que entramos en una nueva
fase que podríamos caracterizar
como “la transición del paradigma
del desarrollo humano al paradigma
del capitalismo inclusivo” [2], en la que
se complementan los tres grandes hitos
que marcan la agenda actual: las
Alianzas Público-Privadas (APP), los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y la Declaración de Paris sobre
Eficacia de la Ayuda (2005). El capitalismo
inclusivo “consiste en tratar
a los pobres como clientes para ayudarles
a mejorar sus vidas mediante la
producción y distribución de productos
y servicios que sean sensibles a
las diferencias culturales, sostenibles
ambientalmente y económicamente
rentables” [3]. Este concepto nos da las
claves para caracterizar la actual cooperación
para el desarrollo, con tres
lógicas complementarias:

I. Se vuelve a situar al crecimiento
económico como variable central -el
desarrollo humano no negaba su relevancia,
pero preconizaba su interrelación
con el conjunto de dimensiones
que generaban oportunidades y fortalecían
capacidades. Así, se fortalece
la prioridad otorgada a las empresas
transnacionales, a través de la estrategia
de incluir a los y las pobres (la
base de la pirámide) [4] en la sociedad
de consumo, en una supuesta estrategia
win-win de lucha contra la pobreza
y de rentabilidad empresarial.

II. Se reduce el ámbito de la cooperación
para el desarrollo a las dimensiones
menos conflictivas y más vinculadas
al crecimiento económico,
donde puedan actuar conjuntamente todos los actores prioritarios de cooperación
(empresas, instituciones y
ONGD). Así, siguiendo los ODM, pudiéramos
caminar hacia una ecuación
en la que cooperación al desarrollo es
igual a crecimiento económico (inclusivo)
más necesidades sociales básicas
(educación, salud, infraestructuras
sociales, etc.), reduciéndose los espacios
para procesos de derechos humanos,
empoderamiento, participación,
investigación crítica, denuncia, etc.

III. Se limita la relevancia de la participación
de la sociedad civil organizada
en la definición y práctica de la
cooperación para el desarrollo, en pos
de una supuesta mejora en la calidad
y la eficacia de la ayuda -base de la
Declaración de París-, de la mano del
actuar conjunto de Estados y empresas,
y con un papel subordinado de las
ONGD.

Para entender las claves de estas
lógicas de regresión en la cooperación,
podemos situar la génesis de toda esta
nueva fase en el peso creciente que
las empresas transnacionales han alcanzado
en la actual arquitectura económica
internacional. Éstas, una vez
conseguido su papel prioritario en el
marco de la globalización neoliberal,
pusieron en marcha una estrategia voluntaria
y unilateral de legitimación
social, conocida como Responsabilidad
Social Corporativa (RSC), que
se aprovechaba de la asimetría entre
lex mercatoria internacional -derecho
fuerte- y la legislación en torno
al marco internacional de derechos -derecho débil- para aparentar compromiso
social frente a su objetivo
fundamental de maximización de
ganancias. Actualmente, y por efecto
de la crisis, la RSC avanza hacia una
segunda etapa, cuyo enfoque combina
las habituales estrategias filantrópicas
de marketing solidario con un nuevo
reto: extender los negocios empresariales
a las comunidades más pobres,
con el fin de llegar a un mercado compuesto
por las dos terceras partes de la
población mundial fuera de la sociedad
de consumo. En este sentido, los
sectores empobrecidos son tenidos en
cuenta por las grandes corporaciones
en tanto que potenciales consumidores,
para los cuales se diseñan diferentes
estrategias y esquemas de negocio.
La actual crisis y la sempiterna lógica
de acumulación permanente lleva a las
transnacionales a buscar nuevos mercados
donde obtener ganancias, viendo
la potencialidad de las personas
en situación de pobreza como consumidoras
y clientas, con la pretensión
además de que esta inclusión en el
mercado les saque de la pobreza.

Es aquí donde entra en juego la
cooperación para el desarrollo como
herramienta eficaz y necesaria. Las
empresas transnacionales amplían su
participación en la cooperación para
el desarrollo -siempre han estado-,
buscando, por un lado, la legitimación
y el apoyo institucional que ofrece
una política pública de lucha contra
la pobreza, para, por el otro, obtener
rentabilidad empresarial. Así, además
de utilizar los instrumentos habituales
de la cooperación, las empresas transnacionales
están participando activamente
en la gestación de otros nuevos,
entre los que destacan las APP, de las
que ya hay experiencias piloto y propuestas estratégicas explícitas [5]. Las
APP se basan en el trabajo conjunto,
complementario y triangular de instituciones
públicas, empresas transnacionales
y ONGD, pretendiendo
sumar identidades diversas, trabajando
conjuntamente en pos de la lucha
contra la pobreza, pero desde el paradigma
del capitalismo inclusivo, en el
que todos los actores ganan. Los Estados
generan un efecto palanca sobre
el resto y, con una pequeña inversión,
promueven una cantidad mayor de fondos
privados de las empresas transnacionales -frente a los fondos públicos
que ahora escasean-; las empresas se
benefician de la intervención pública
a la hora de tener acceso a mercados
y a tener un diálogo más fluido con
gobiernos receptores y comunidades
locales, y las ONGD acceden no sólo
a fondos públicos -en retroceso- sino
también a privados -en expansión-, y
confieren legitimidad social y saber
hacer al conjunto de la alianza.

En definitiva, estos nuevos instrumentos
en ensayo, basados en la
RSC, restan “significado político al
concepto de responsabilidad, despojándolo
de la idea de cambio social y
de conflicto, con lo que se convierte
en grupos de interés a los diferentes
actores sociales. Y no sólo eso, sino
que también se contribuye a desviar la
solidaridad hacia ámbitos que no son
conflictivos con las multinacionales,
se neutraliza la presión que las ONGD puedan desarrollar a favor de la exigibilidad
jurídica de responsabilidades,
y se bloquean las reivindicaciones sociales
a través de la dependencia de
la financiación de proyectos. El pacto
tácito entre la empresa financiadora y
la ONGD, sobre la búsqueda de asuntos
que no sean políticamente sensibles
y sobre los que exista un amplio
consenso, invisibiliza la existencia de
conflictos y los maquilla con proyectos
sociales en otros ámbitos” [6].

Ésta es precisamente la segunda
característica que apuntábamos anteriormente:
la limitación de la cooperación a ámbitos no conflictivos,
dinámica reforzada por la hegemonía
alcanzada por los ODM en la cooperación
para el desarrollo. Estos han
tenido un impacto negativo en la consideración
de la pobreza, por un lado,
como una realidad ahistórica y estrictamente
nacional -sin tener en cuenta
las dinámicas y estructuras globales
que la sustentan- y, por el otro, como
algo vinculado únicamente con las necesidades
sociales básicas (NSB), núcleo
central de los ODM. Sin entrar en
profundidad en el análisis de los ODM
si queremos apuntar que han influido en la limitación de la cooperación
para el desarrollo a las NSB, lógica
que, sin estar directamente vinculada
al capitalismo inclusivo, entronca
perfectamente con éste. En primer
lugar, las NSB otorgan legitimidad a
la supuesta lucha contra la pobreza a
través del crecimiento económico, a
modo de compensación social, y, en
segundo lugar, no es comprensible ni
posible el crecimiento sin formación,
sin infraestructuras básicas, etc.

Finalmente, y como tercera tendencia
complementaria, destacamos
la regresión en la participación de la sociedad civil en la definición de las
políticas e iniciativas de cooperación.
No sólo se trata de que los movimientos
sociales no tengan cabida en estas
dinámicas regresivas, alejadas de su
identidad y prácticas, sino que también
las ONGD pierden relevancia -no tanto como ejecutoras de iniciativas,
pero sí como entidades que inciden
en las decisiones- frente a los
Estados y las empresas. Precisamente
la Declaración de París ahonda en este
sentido, ya que, según los cinco principios
que dan consistencia a la declaración
(apropiación, armonización,
alineación, gestión por resultados,
mutual responsabilidad) se establecen
una serie de metas e indicadores,
únicamente relativos a los Estados,
que refuerzan el papel de éstos (tanto
donante como receptor) a la hora de
definir las políticas y las iniciativas
de cooperación. De esta manera, se
genera un refuerzo de la cooperación
interestatal, sin mención alguna a las
sociedades civiles organizadas como
actores, ni como sujetos necesarios
para establecer y definir las prioridades
de la cooperación. A su vez, se
invisibiliza el conjunto de la cooperación
descentralizada, sobre la que
no se hace mención alguna, y que, por
tanto, desaparece del mainstreaming
de la agenda. A pesar de que esta situación
se pretendió solventar en el
Segundo Foro de Alto Nivel de Accra
(2008), con una Agenda de Acción
que otorgó más relevancia a la participación
activa de la sociedad civil y de
las instituciones públicas locales, las
metas y los indicadores cuantitativos
establecidos en París no se alteraron
en absoluto, con lo que Accra no deja
de ser una declaración de intenciones,
que no ha conseguido revertir el concepto
de eficacia emanado de París.

En definitiva, analizando en conjunto
las tres tendencias, autónomas
pero complementarias, que confieren
identidad a esta nueva etapa de capitalismo
inclusivo, creemos que la agenda
camina hacia la corporativización
de la cooperación para el desarrollo,
alcanzando las transnacionales, junto
a los Estados, un papel prioritario; dirigiendo
la agenda hacia ámbitos poco
conflictivos (crecimiento económico
y NSB), y limitando a su vez la capacidad
de incidencia y decisión de la
sociedad civil organizada.

Se trata, por tanto, de una coyuntura
en la que, si las tendencias se
confirman, parece muy poco probable
que puedan converger los caminos
de la cooperación para el desarrollo
y de los movimientos sociales, cuya
idiosincrasia no parece ser coherente
con dichos rumbos. Así, esta constatación
no hace sino más necesaria una
completa revisión de la actual agenda
de cooperación para, desde los movimientos
sociales pero también desde
otros actores y enfoques, conferir a la
cooperación para el desarrollo un carácter
realmente emancipador.

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate
Integrante del Grupo de Investigación de
Movimientos Sociales del Instituto Hegoa.

- Este artículo ha sido publicado en el nº 49 de Pueblos - Revista de Información y Debate, especial diciembre 2011.


Notas

[1No olvidamos la diversidad de movimientos sociales existentes y su difícil categorización.

[2Pedro Ramiro, “Alianzas público-privadas para el desarrollo: ¿hacia un capitalismo inclusivo?”, XIII Reunión de Economía
Mundial, Donostia, 2011.

[3C.K. Prahalad y S. Hart, “The Fortune and the Bottom of the Pyramid”, Strategy+business Magazine, 2002.

[4Ibidem.

[5Nos referimos por ejemplo a algunas iniciativas piloto en Perú y a la apuesta estratégica en el Plan Director de la
Cooperación Española.

[6Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (eds.), El negocio de la responsabilidad, Barcelona, Icaria, 2009.


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