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Los Tribunales Permanentes de los Pueblos: una excusa para denunciar a las multinacionales

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (Hika nº195, enero de 2008)

Miércoles 30 de enero de 2008

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que tuvo su origen con los llamados “Tribunales Russell” sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras en América Latina (1974-1976), se constituyó formalmente en 1979. Está integrado por un amplio número de miembros nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, y su función es calificar en términos de derecho y hacer visibles aquellas situaciones en que se planteen violaciones masivas de los derechos fundamentales de la humanidad que no encuentren reconocimiento ni respuesta en las instancias oficiales. De alguna manera, se puede decir que representa la conciencia ética de los pueblos.

Hasta la fecha, el TPP se ha reunido en más de una treintena de ocasiones para juzgar hechos acaecidos en muchos países. A lo largo de todas estas sesiones, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha acompañado las luchas de los pueblos en la defensa de sus derechos fundamentales, juzgando simbólicamente desde situaciones de genocidio hasta las que han tenido que ver con instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pasando por hechos relacionados con la negación de la autodeterminación, las invasiones extranjeras y la destrucción del medio ambiente.

En la actualidad, hay que destacar las sesiones que se están llevando a cabo contra las empresas transnacionales por los efectos de sus actividades en América Latina. En este sentido, durante 2007 se han venido celebrando audiencias específicas sobre las multinacionales en Colombia y Nicaragua, y para el próximo el año ya se está preparando una sesión más amplia y general que se realizará en Perú.

Las audiencias sobre las multinacionales en América Latina

Hace dos años, el Tribunal Permanente de los Pueblos se puso en marcha en Colombia con objeto de analizar y documentar los casos de violaciones de los derechos humanos relacionados, de manera directa o indirecta, con las operaciones de las corporaciones transnacionales en el país. Desde la primera sesión, que tuvo lugar en abril de 2006, hasta la sesión final, que se celebrará en julio de 2008, se habrá juzgado a las compañías multinacionales que están presentes en el país con el conflicto armado más antiguo de América Latina según sus sectores de actividad: alimentación, minería, biodiversidad, petróleo, servicios públicos, pueblos indígenas y audiencia deliberativa final [1]. Entre las decenas de empresas que han sido acusadas de tener graves impactos sociales, culturales y ambientales se encuentran, por ejemplo, Coca-Cola, Anglogold, Nestlé, Unión Fenosa, Drummond, Monsanto, Chiquita Brands y Aguas de Barcelona.

El pasado mes de agosto tuvo lugar una sesión del TPP - Capítulo Colombia dedicada a juzgar simbólicamente a tres multinacionales petroleras: la inglesa BP, la estadounidense Oxy y la española Repsol YPF. En dicha audiencia tomaron la palabra miembros de diversas asociaciones, investigadores sociales, juristas, sindicalistas, ecologistas, documentalistas, defensores de los derechos humanos y personas afectadas por la presencia de los campos petroleros en su territorio. Y todas ellas coincidieron en acusar a las citadas corporaciones de contribuir a la destrucción ambiental, al desplazamiento de diferentes poblaciones indígenas y a la persecución y el hostigamiento a las organizaciones sociales que se oponen a las actividades petroleras.

En la audiencia de Bogotá se pudo recopilar mucha información sobre las actividades de la empresa española Repsol en Colombia. Sobre todo, en lo que se refiere al departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela y el lugar donde esta compañía ha centrado sus actividades, ya que está presente en casi todos los campos que cubren la región. Como, por ejemplo, en el citado Caño Limón, en el que, por su participación del 35%, Repsol ha adquirido una corresponsabilidad en crímenes de lesa humanidad al prestar apoyo al ejército norteamericano y financiar a unidades militares que acumulan denuncias en materia de derechos humanos. O también en la zona del pozo Capachos, que, después de que Repsol anunciara la existencia de crudo en 2002, sufrió el auge del paramilitarismo en los dos años siguientes y vio cómo la región batía todos los registros de asesinatos y violaciones a los derechos humanos de toda Colombia... Y, en 2005, tras el incremento de los crímenes contra la población civil y de los niveles del desplazamiento forzado, Repsol comenzó a producir petróleo. Por último, qué decir del campo Catleya, en el que Repsol está tratando de asegurarse nuevas reservas de hidrocarburos crudo sin tener en cuenta que esa área de exploración se superpone con resguardos indígenas u’was.

En definitiva, como se encargaron de recordar varios testigos, la represión a las organizaciones sociales y a la población civil fue muy fuerte en Arauca, Casanare, Santander y, en resumen, en todas las áreas de interés para las compañías petroleras. Y, en todo ello, “la responsabilidad es compartida entre las multinacionales petroleras y el Estado colombiano”, como afirmó otra persona ante el tribunal. De lo que se trata es de que, como recoge la sentencia final, “el tribunal considera que hay fundamentos razonables para calificar una gran cantidad de los actos concretos de asesinato, masacre, tortura, desplazamiento forzoso de población y persecución, que le han sido presentados, como crímenes de lesa humanidad, en la medida en que han sido cometidos de manera sistemática y generalizada, contra una población civil” [2].

En esta misma línea, siguiendo la idea de llevar ante los tribunales de los pueblos a las empresas transnacionales por los efectos de sus operaciones en países de América Latina, en octubre pasado se celebró en Managua una sesión del TPP dedicada a la compañía Unión Fenosa. Y es que, como se expone en la sentencia final del tribunal, “la transnacional ha violado el marco jurídico institucional, constitucional y la normativa internacional, auxiliándose con los co-actores nacionales, quienes también son responsables. Ello deriva en la violación de los derechos humanos de la mayoría de los y las nicaragüenses” [3].

Durante este juicio simbólico, se analizó como las operaciones de Unión Fenosa en Nicaragua comenzaron en el año 2000, cuando se le otorgó la concesión de la distribución y comercialización de energía eléctrica para un plazo de treinta años. Desde entonces, la población nicaragüense ha visto cómo, bajo el argumento de que la empresa tenía pérdidas, Unión Fenosa empezó a cometer irregularidades y a no pagar a las generadoras, que, a su vez, han dejado de suministrar electricidad. Y, como sucede habitualmente, ha sido la mayoría de la población, que se ha quedado sin suministro eléctrico, la que ha sufrido los perjuicios de los permanentes racionamientos. Además, se pudo constatar la ausencia de inversión en el mantenimiento de la red de distribución eléctrica y del alumbrado público, la ausencia de atención a los pobladores de asentamientos que llevan años solicitando ser legalizados, la reducción de la presencia de la compañía en las zonas rurales como parte de su política de ahorro de costos...

Los diferentes testigos expusieron de forma detallada sus casos ante el tribunal, que pudo tener constancia así de que Unión Fenosa ha cometido repetidos abusos sobre los usuarios del servicio eléctrico: desde el incremento injustificado de las facturas hasta los allanamientos de morada con cambio de medidor incluido sin autorización del usuario. Y eso por no hablar de la política laboral de la multinacional española, cuya estrategia de reducción de costos generó más de 400 despidos a raíz de su llegada al país, además de recurrir a las subcontratas y hostigar a los sindicatos.

Y, por si todo esto fuera poco, para el próximo año se está preparando actualmente lo que será la Cumbre de los Pueblos, que se celebrará en Lima en mayo de 2008 coincidiendo con la cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Dentro de las actividades previstas en para la Cumbre de los Pueblos, se incluye una sesión del TPP dedicada a las empresas multinacionales europeas presentes en aquella región, para juzgarlas por las consecuencias de sus operaciones sobre el medio ambiente, los pueblos indígenas y los derechos humanos. Este evento, que se encuentra organizado por la Red Birregional Europa - América Latina y el Caribe Enlazando Alternativas [4] servirá para seguir construyendo un puente de solidaridad entre las resistencias a uno y otro lado del océano.

Una herramienta para globalizar la solidaridad

Las sentencias y el proceder de los Tribunales Permanentes de los Pueblos nos da pie, tanto a las redes de solidaridad internacional como a los movimientos sociales, a reflexionar sobre los procesos de resistencia contra las grandes corporaciones.

En primer lugar, llevar a cabo audiencias del TPP nos permite visibilizar la hipocresía con que actúan Gobiernos y empresas transnacionales. Porque estas últimas defienden sus intereses con un Derecho Comercial Global que se encuentra diseñado a su medida. Y actúan de acuerdo a unas reglas económicas que, bajo la máscara de la legalidad internacional, imponen beneficios para unos pocos, mientras ignoran y destruyen los convenios sobre los derechos humanos. Así, la Responsabilidad Social Corporativa, los Códigos de Conducta, las buenas prácticas empresariales y el marketing solidario son desenmascarados, con lo que la cosmética deja paso a lo realmente existente.

Además, los Tribunales de los Pueblos muestran cómo los Gobiernos de los países periféricos se sometieron a las imposiciones neoliberales, para lo cual aceptaron los chantajes del FMI y del BM, desregularizaron los derechos sociales, privatizaron sus empresas estatales y los servicios públicos y, por decirlo de manera sencilla, reformaron el Estado. En los años noventa, los gobernantes ultraliberales y corruptos de muchos países de América Latina fueron unos alumnos aventajados a la hora de firmar cheques en blanco a favor de las multinacionales. Y, por su parte, los Gobiernos de los países donde las corporaciones tienen su sede matriz han demostrado que se identifican al cien por cien con sus empresas multinacionales: las apoyan política y económicamente y defienden sus privilegios en las instituciones internacionales, dejando de lado los derechos de las mayorías sociales del planeta.

Con los Tribunales Permanentes de los Pueblos se pretende contribuir a la construcción de una solidaridad de ida y vuelta entre los hombres y las mujeres del Norte y del Sur. Y es que las sesiones son rigurosas, estudian los hechos, analizan las declaraciones y los testimonios... pero no son neutrales, ya que apuestan por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por la defensa de los derechos de las mayorías. A través de la utilización de mecanismos jurídicos que cuestionan de raíz el modelo normativo neoliberal y que están al margen de las estructuras de poder, y empleando las convenciones internacionales sobre derechos humanos sin las ataduras que crean los poderes mundiales y políticos, amparan a quienes son castigados y desahuciados por la impunidad con la que actúan las compañías multinacionales. En definitiva, son una forma de globalizar la solidaridad, pues nos sirven para coordinar las luchas y las denuncias.

Por lo tanto, las redes de solidaridad, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales tenemos así otra herramienta para globalizar nuestras luchas y derribar sus muros, ya que ir ganando estas pequeñas batallas contra las empresas multinacionales es seguir avanzando poco a poco en la construcción de otro modelo de sociedad. Por eso, ojalá que las próximas ediciones de los Tribunales Permanente de los Pueblos -donde lo deseable sería que los comités de empresa de Repsol, del BBVA, de Iberdrola o de Telefónica se hubieran sumado a esta lucha- sean, sobre todo, un lugar donde podamos encontrarnos todos y todas para continuar con la resistencia frente al poder de las empresas transnacionales.

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro
Miembros de STEE-EILAS y OMAL, respectivamente.

Este artículo ha sido publicado en el número 195 de la revista Hika, enero de 2008.

- Para ver la versión en euskera de este artículo, pinchad aquí


Notas

[1Más información sobre las sesiones del TPP - Capítulo Colombia aquí >>

[2La sentencia completa de la sesión del TPP - Capítulo Colombia sobre las empresas petroleras puede consultarse aquí >>

[3El texto íntegro de la sentencia de la sesión sobre Unión Fenosa puede consultarse aquí >>

[4Esta red, que surgió hace tres años y medio, se arma en torno a tres ejes de trabajo: acuerdos de libre comercio, integración regional y empresas transnacionales.


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