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La presión "estatizante" no es sólo del Estado

José B. Báez Guerrero

Miércoles 1ro de octubre de 2008

Recientemente el debate acerca de la interminable crisis del sector eléctrico de la República Dominicana ha incorporado como tema la cuestión de si el Gobierno está embarcado en una "contra-reforma" que significaría devolverle al Estado un rol de participante activo en el negocio en vez de contenerse en su rol de regulador y facilitador de inversiones privadas.

Indudablemente, hoy día el Gobierno dominicano tiene sus manos metidas en más negocios eléctricos que en el momento que arrancó la capitalización o semi-privatización que auspició el Presidente Fernández en su primer período de Gobierno, entre 1996 y 2000. Y ello no augura nada bueno.

Pero, ¿ha sido esto el resultado de una política estatal deliberada? ¿O ha ocurrido que ciertas empresas privadas han recurrido al Estado para recuperar sus inversiones al constatar que podría irles mejor en otras áreas del negocio eléctrico? ¿En la fatídica recompra de las compañías eléctricas Ede-Sur y Ede-Norte obró algún interés del Estado ó fue esa malhadada transacción el fruto de intensos cabildeos recompensados por jugosas comisiones?

Tomemos el ejemplo de la única distribuidora que queda en manos privadas, Ede-Este. Dicha empresa se encuentra desde hace tiempo en grandes aprietos financieros, puesto que no ha logrado alcanzar ninguno de los parámetros de eficiencia necesarios para su rentabilidad. Sin embargo, la empresa financiera Trust Company of the West (TCW), propietaria del 50% de Ede-Este, se paga a sí misma cerca de US$8 millones anuales por concepto de "gestión de administración".

Este cobro en perjuicio del Estado dominicano, propietario del 50% de Ede-Este, aparentemente se hace en violación a los términos contractuales que obligan a la empresa administradora de esa distribuidora a reducir las pérdidas y operar rentablemente. Y según los datos publicados, esto no ha ocurrido.

Para poder cobrar por la administración de Ede-Este, el socio operador tenía que reducir las pérdidas de las distribuidoras por debajo del 30%, y nunca lo han hecho. Inclusive hoy, con el CRI, que es el índice de recuperación de efectivo, reportado de 64% y un índice de cobranza de 97%, las pérdidas están cerca del 40%.

Si Ede-Este hubiera cumplido y la empresa funcionara rentablemente, el gobierno dominicano podría ahorrarse centenares de millones de pesos que debe pagar actualmente por concepto de subsidios eléctricos, necesarios principalmente por las pérdidas de las distribuidoras por causa de robos de electricidad y deficiencias en sus redes.

Peor todavía, con ese mismo dinero cobrado sin causa, y con subsidios del propio Gobierno, TCW paga abogados que en su nombre han demandado al Estado dominicano, su socio, y en círculos conocedores del negocio eléctrico existe la impresión de que se busca presionar al Gobierno para tratar de lograr un rescate parecido al de Unión FENOSA, que es la recompra de acciones cuyo valor quizás es cero para descremar aún más a este pobre país.

El "rescate" de Unión FENOSA, transacción ampliamente cuestionada dado que ambas distribuidoras estaban quebradas, costó al Estado centenares de millones de dólares. Ese mismo año 2001, Unión FENOSA comenzó a operar en La Vega una planta termo-eléctrica de 88 MW que es citada en sus reportes internos como una de sus más lucrativas inversiones.

AES, quien vendió su 50% en Ede-Este a TCW en 2004, comenzó sus operaciones en el país en 1997 como socio del Estado y operador de Ede-Este, pero inmediatamente inició controvertidas inversiones en generación. Actualmente aporta más del 30% de la energía del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Además, es parte de la multinacional AES, que con 124 plantas genera más de 78,000 GWh; sus ingresos anuales suman US$13.6 mil millones.

En cambio, TCW es una poderosa firma de asesoría en inversiones cuyo giro de negocios no incluye experiencia en gestión de empresas eléctricas. Fundada en 1971 por Robert A. Day (billonario nieto del fundador de Superior Oil y recaudador de fondos de los Bush), TCW tiene su casa matriz en Los Angeles, California. En su junta de directores estuvo Henry Kissinger y actualmente está Carla Hills, quien fuera U. S. Trade Representative, un cargo del gobierno americano con rango ministerial. TCW posee una fuerte relación con la firma financiera francesa Societé Generale, de París.

Como queda demostrado, TCW es una empresa financiera, y si de verdad desea quitarse de encima su mala compra de Ede-Este, ¿por qué no trata de empaquetársela a su cliente Consolidated Edison de Nueva York, en vez de pelearse con su socio el Estado dominicano? Igualmente demostrado queda que las presiones "estatizantes" no salen sólo de dentro del Gobierno. Otra curiosidad dominicana: ¡estatizaciones por presión privada!


José B. Báez Guerrero


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