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La nacionalización de YPF: “Nuestras empresas” y la “seguridad jurídica”

Pedro Ramiro

Martes 17 de abril de 2012

Después de varios días de numerosos rumores sobre la posibilidad de que el gobierno de Argentina anunciara la nacionalización de YPF, finalmente se concretó la noticia: la presidenta Cristina Fernández comunicaba ayer la expropiación del 51% de las acciones de la filial argentina de la petrolera Repsol. Por lo pronto, ante la sucesión de declaraciones y reacciones que se han venido produciendo últimamente en España en torno al “caso Repsol”, pensamos que vale la pena detenernos en cinco cuestiones clave. Veamos.

«Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental [...] Esto es una política de Estado, que debe unirnos a todos los argentinos [...] YPF es de todos». Cristina Fernández, presidenta de Argentina, 16/04/12.

Después de varios días de numerosos rumores sobre la posibilidad de que el gobierno de Argentina anunciara la nacionalización de YPF, finalmente se concretó la noticia: la presidenta Cristina Fernández comunicaba ayer la expropiación del 51% de las acciones de la filial argentina de la petrolera Repsol. Como este asunto va a marcar la agenda política y económica de las próximas semanas, vamos a tener tiempo de ir analizando las muchas y muy importantes decisiones que, tanto la empresa como los gobiernos español y argentino, irán tomando en estos días. [1] Por lo pronto, ante la sucesión de declaraciones y reacciones que se han venido produciendo últimamente en España en torno al “caso Repsol”, pensamos que vale la pena detenernos en cinco cuestiones clave. Veamos.

I. “Nuestras empresas”

«El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera. Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el gobierno de España». José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, 12/04/12.

¿Son Repsol y otras corporaciones transnacionales como Telefónica, BBVA o Iberdrola “nuestras empresas”? En la última década, hemos visto cómo en muchas ocasiones los principales medios de comunicación y los gobernantes españoles se referían así a las grandes corporaciones cuya sede central se encuentra en el Estado español: «Nuestras empresas están en América Latina para quedarse, se trata de una apuesta de Estado que no tiene marcha atrás», decían desde el gobierno de Zapatero hace tres años. Y es que, según el discurso oficial, la internacionalización de “nuestras multinacionales” es una de las principales fuentes de riqueza para este país. En base a ese argumento, habría que defenderlas por encima de todo y dar por sentada la máxima de que «lo que es bueno para ‘nuestras empresas’ es bueno para la población española». Pero estas empresas, que sí puede decirse que fueron “nuestras” hasta finales de los años noventa -no olvidemos que compañías como Repsol, Telefónica, Endesa y Gas Natural fueron de titularidad pública hasta hace apenas una década y media-, hoy sólo pertenecen a sus accionistas. Y, en realidad, ellos son los únicos beneficiarios, junto con los directivos y ejecutivos de estas compañías y todos esos políticos y empresarios que se han hecho de oro atravesando las “puertas giratorias” que conectan el sector público y el mundo empresarial, con la expansión global de los negocios de estas compañías. Por citar sólo un dato: Antonio Brufau, presidente de Repsol, recibió una retribución por el desempeño de su cargo de 7,08 millones de euros en 2011.

II. “Intereses españoles”

«Una decisión de este tipo sería muy negativa para los intereses españoles y la obligación del gobierno es defender con todos los instrumentos a su alcance los intereses españoles». Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y portavoz del gobierno, 13/04/12.

A pesar de que, si nos fijásemos en el accionariado de todas estas corporaciones transnacionales, no sería correcto técnicamente hablar de “empresas españolas”, ya que puede comprobarse que buena parte de su capital social pertenece a inversores extranjeros -en el caso de Repsol, por ejemplo, más de la mitad de sus acciones está en manos de personas y entidades radicadas fuera de España-, pensamos que sigue siendo útil caracterizarlas como “multinacionales españolas”. ¿Por qué? Pues porque sus principales dirigentes y beneficiarios se encuentran en este país, que es el lugar adonde se repatrían la mayoría de los beneficios obtenidos gracias a las operaciones en otros territorios. Y porque cuando tienen “problemas”, quien sale a defenderlas «con todos los instrumentos a su alcance» es el gobierno español. Ahora bien, una cosa es hablar de “empresas españolas” y otra, muy distinta, referirse a los “intereses españoles” para justificar la intervención gubernamental en favor de los intereses privados de una compañía transnacional.

«Es una decisión contra España y los españoles», afirmaba ayer el ministro Soria confundiendo unos intereses meramente empresariales con el interés general de la población. Y es que para la patronal la consigna está muy clara: hay que ampliar la cartera de negocios de las compañías multinacionales para así poder seguir aumentando los beneficios año tras año. Y el gobierno, aplicando los principios de la doctrina neoliberal, defiende que con todo ello crecerá el PIB y mejorarán los indicadores socioeconómicos. Si hay que mirar para otro lado con los hechos que vayan desmintiendo este silogismo -por ejemplo, con el caso de Telefónica, que, a pesar de haber obtenido unas ganancias que suponen el récord en la historia de las empresas españolas, anunció en 2011 que va a despedir a uno de cada cinco de sus trabajadores en España-, pues se hace y listo. Así, se “globaliza” el beneficio empresarial, pero se “localizan” las políticas laborales en derechos, salarios y empleos. Dicho de otro modo: estas empresas se internacionalizan y obtienen la mayor parte de sus beneficios en el exterior, especialmente en América Latina, sin que ello contribuya en absoluto a la “recuperación” de la economía española.

III. “Política de Estado”

«Sabe que puede contar con nosotros [el gobierno español] y confiamos en que finalmente esto se pueda arreglar y dar marcha atrás a una decisión muy perjudicial». Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, 13/04/12.

Estamos acostumbrados a que los dos grandes partidos mayoritarios alcancen un consenso en todo lo que tiene que ver con potenciar la “marca España”. Y es que tanto el actual gobierno español como el anterior siempre han concebido el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas como una “política de Estado”. En eso no hay ni ha habido diferencias: la “diplomacia corporativa” y la “cooperación empresarial” se han convertido en la bandera de la acción exterior de los sucesivos gobiernos españoles. Esta simbiosis entre la política y el mundo empresarial se nos ha hecho tan cotidiana que nos resulta familiar, incluso, que el presidente del gobierno, sea del partido que sea, realice muchos viajes al exterior acompañado por los máximos mandatarios de las transnacionales españolas. Se constata así lo que parece obvio: que la finalidad no es defender un mundo más justo, equitativo y en paz, sino “hacer negocios”. Recordemos, por ejemplo, los viajes que el año pasado hizo el presidente Zapatero a Qatar, Emiratos Árabes y China, o cómo José Bono, encabezando la delegación parlamentaria que en 2011 viajó a Guinea Ecuatorial, le dijo a Obiang que «es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa». En ese mismo sentido, Mariano Rajoy acaba de dar inicio a una gira por México y Colombia con idéntico objetivo: «Allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses», decía ayer el presidente en un acto organizado por el Instituto de Empresa Familiar.

IV. “Seguridad jurídica”

«El Gobierno de Buenos Aires está dispuesto a pasar por encima de contratos, concesiones y cualquier idea de seguridad jurídica que pueda atraer en el futuro a la inversión extranjera». “Por el mal camino”, editorial del diario El País , 3/04/12.

Hace dos años, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado aprobó -con el voto favorable de todos los grupos excepto el de la Entesa Catalana de Progrés- el informe final de la ponencia sobre el papel de las empresas españolas en América Latina. En él se recogía una clasificación de los países de la región en base al “grado de seguridad jurídica”: los más seguros, México, Perú y Colombia; los más inseguros, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Al mismo tiempo, el informe también agrupaba a los países según el grado de oportunidades de negocio y las facilidades a la inversión extranjera directa que ofrecían, dando como resultado una curiosa coincidencia: los países con mayor “seguridad jurídica” eran los que, precisamente, brindaban las mejores perspectivas para las actividades de las grandes empresas. Colombia, el país del mundo más peligroso para el ejercicio del sindicalismo, y México, donde han sido asesinados varios dirigentes sociales en los últimos años, aparecían así como ejemplos en materia de “seguridad jurídica”.

Pero ese razonamiento sólo puede hacerse si se anteponen los intereses comerciales al cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Y es que esta utilización del concepto de “seguridad jurídica” únicamente se concibe en el marco de la nueva lex mercatoria -concretada en una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde instancias como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el FMI-, con lo que su único fundamento es la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las compañías multinacionales. Sin embargo, no por reiterada resulta menos cuestionable esta interpretación de lo que debe significar la “seguridad jurídica”; se trata de un principio internacional no vinculado únicamente a valoraciones económicas: la verdadera “seguridad jurídica” es la que sitúa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por encima del Derecho Corporativo Global. Es decir, a los intereses de las mayorías sociales frente a los de las minorías que controlan el poder económico. La medida que ha tomado el gobierno argentino sirve para ilustrar que el Estado se encuentra facultado para modificar las leyes y contratos con las empresas transnacionales si éstos establecen un trato que vulnera la soberanía nacional y los derechos fundamentales de la mayoría de la población, ya que las normas imperativas sobre derechos humanos y ambientales prevalecen sobre las normas comerciales y de inversiones.

V. “Desarrollo”

«YPF es una empresa muy importante en Argentina que ha contribuido muchísimo al desarrollo del país y que contribuye al fisco y que hasta hace muy poco ha sido una empresa casi modelo en Argentina». Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, 13/04/12.

En América Latina, las poblaciones afectadas y numerosas organizaciones sociales responsabilizan a las compañías multinacionales del saqueo de los recursos naturales, la privatización de los servicios públicos, la desregulación del mercado laboral, el desplazamiento de comunidades indígenas y el deterioro de los ecosistemas de la región. En ese sentido, en los últimos años se han venido denunciando múltiples casos de violaciones de los derechos humanos e impactos sobre los pueblos indígenas, las condiciones laborales y el medio ambiente por parte de las corporaciones multinacionales en diferentes países latinoamericanos. En el caso de las transnacionales españolas, las operaciones de empresas como Repsol, Endesa, Unión Fenosa, BBVA y Santander, entre otras, han sido objeto de múltiples estudios e investigaciones que permiten concluir, como decía la sentencia de la última sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en Madrid en mayo de 2010, que estos casos no son sino «la expresión (a través de un espectro muy amplio de violaciones, de responsabilidades, de imputabilidades) de una situación caracterizada por la sistematicidad de las prácticas que prueban el papel tanto de las transnacionales europeas como de la Unión Europea y de los Estados de América Latina».

Por su parte, Repsol ha sido acusada de operar en 17 resguardos indígenas en Bolivia, contaminar el territorio mapuche en Argentina y el Parque Nacional Yasuni en Ecuador, violar los derechos humanos en Colombia y, en el caso de Argentina, la compañía ha causado importantes y persistentes impactos sobre el ambiente, la vida y la cultura de sus habitantes, en especial de las comunidades indígenas en cuyos territorios opera. Además, con el apoyo de los organismos internacionales, Repsol obtuvo una posición de absoluto control de la energía que ha aprovechado para implementar una infraestructura que ha favorecido el uso irracional de los recursos; la empresa elevó las tarifas del mercado argentino a los precios internacionales, olvidando sus costos y dejando a grandes sectores de la población sin posibilidad de acceder a la energía. ¿Puede hablarse así de “desarrollo”?

Pedro Ramiro
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad


Ver en línea : Periodismo Humano, el 18 de abril de 2012.


Notas

[1Quedan muchas preguntas aún por resolver: ¿qué precio va a pagar el Estado argentino por las acciones expropiadas a Repsol?, ¿qué medidas políticas y comerciales van a tomar el gobierno español y la Unión Europea?, ¿cuáles van a ser los aliados del gobierno argentino en este conflicto diplomático?, ¿va a presentar la multinacional española una demanda ante un tribunal internacional de arbitraje? A estas y otras cuestiones trataremos de ir dando respuesta en los próximos días.


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